Un departamento dentro de la Fiscalía que se dedique a tratar el delito de extorsión es una de las propuestas que plantea un grupo de comerciantes indígenas de Bastión Popular, sector del norte de Guayaquil, para frenar las llamadas ‘vacunas’ de las que son víctimas por parte de grupos delictivos.

Empresarios, pequeños comerciantes, maestros e incluso contratistas públicos figuran como algunas de las víctimas de los ‘vacunadores’. La vacuna es una forma de extorsión en la que se ofrece una supuesta protección a la víctima a cambio del pago periódico de una cantidad de dinero.

En la ciudad, algunas de las víctimas de las extorsiones han sido amedrentadas con explosivos en viviendas o locales comerciales. En el peor de los casos se han registrado asesinatos por la resistencia a pagar las altas sumas de dinero.

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La petición de los comerciantes de Bastión Popular se hizo este jueves 19, durante una reunión con el gobernador Lorenzo Calvas y representantes de la Policía y Fiscalía.

Según datos del movimiento Pueblo Quichua de la Costa, que integran parte de los comerciantes de este sector del norte de la ciudad, el cobro de las ‘vacunas’ ha causado tres muertes hasta el momento.

Los hechos han sido denunciados a la Fiscalía para que se tomen procedimientos investigativos.

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Hugo Chango, representante legal del movimiento, dijo que existe preocupación entre los comerciantes por la difícil situación que atraviesan debido a la inseguridad. “No estamos dispuestos a seguir soportando. La preocupación se ha transformado en miedo”, indicó el dirigente.

Actualmente los comerciantes lidian con las extorsiones de bandas criminales que les exigen el pago de altas sumas de dinero. Por ello, la decisión de proponer y solicitar acciones a las autoridades.

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Chango, durante la reunión, solicitó que se pueda asignar este departamento en coordinación con la Policía Nacional.

El gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, señaló que desde el Gobierno se está dando seguimiento a los casos de extorsión y que existe el compromiso para coordinar las acciones necesarias para frenar este tipo de delitos.

De enero a octubre del 2022, la Fiscalía recibió 6.475 denuncias por el delito de extorsión: 1.260 fueron tentativas y 5.215 personas denunciaron el delito ya consumado. En todo el 2021 se registraron 2.797 denuncias en el país.

Para contrarrestar esta y otras problemáticas, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral que, entre otras cosas, endurece las penas para las llamadas ‘vacunas’.

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La sanciones establecidas allí van de cinco a diez años de pena privativa de libertad y sanciones pecuniarias de $ 9.000 a $ 36.000.

Dicho proyecto de ley pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en 30 días. (I)