Una policía ciudadana que no ‘persiga’ a comerciantes y ayude a prevenir el delito, el cambio que planea Aquiles Álvarez en Guayaquil

La inseguridad es uno de los problemas de Guayaquil que el alcalde electo Aquiles Álvarez prevé atender con prioridad durante su administración, que empezará el 14 de mayo próximo.

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Durante la campaña electoral con miras a los comicios del 5 de febrero, bajo el auspicio del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente de la República Rafael Correa, él habló de “renombrar” y “refundar” a la Policía Metropolitana para que se convierta en una Policía Ciudadana.

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Y planteó que aumentaría de 700 agentes a 5.000 uniformados en dos fases. En el primer trimestre 2.500 y en el segundo la otra mitad.

La incorporación de nuevos agentes, dijo, se hará con enfoque de género para que las mujeres tengan iguales oportunidades que los hombres (50 % cada uno) para acceder a las convocatorias.

“La policía ciudadana, en la prevención situacional, es la que va a estar, por darle un ejemplo, en vagones de la Metrovía para prevenir violaciones, para prevenir el robo de carteristas y para prevenir cualquier manoseo indebido hacia las mujeres. Así que esos son dos ejemplos de lo que es la política criminal, que es muy amplia”, comentó el entonces candidato Aquiles Álvarez en una entrevista con este Diario, a inicios de enero.

Explicó que en la nueva visión de policía ciudadana los agentes tendrán la capacidad de aprehender a un antisocial y entregarlo a la Fiscalía o a la Policía Nacional. Con ello, sostuvo, los uniformados civiles ya no se dedicarán a “perseguir” a los comerciantes ambulantes.

El alcalde electo también habló de implementar una unidad de inteligencia municipal y una central de llamadas conectada a los distintos barrios y sectores del Puerto Principal.

Para aplicar esto, que es parte del plan integral de convivencia ciudadana y política criminal, el nuevo administrador de la urbe planea reorganizar las parroquias y distritos. Dicho plan está conformado por estrategias de prevención con enfoque de desarrollo, comunitario y psicosocial.

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo y analista militar, considera que para contrarrestar los índices de la violencia criminal es necesario atender los sectores menos favorecidos, recuperar e implementar más espacios públicos, de recreación y deporte.

No cree que aumentar el número de policías metropolitanos sea la solución de un problema que tiene varias aristas, pero es partidario de que se impulsen acciones para combatir la delincuencia.

El municipio, señaló Molina, tiene definidas sus competencias en materia de seguridad. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece las competencias de los municipios en materia de seguridad en dos artículos: el 54 y el 60.

En el primero se establece que son funciones de los cabildos: “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

Mientras, el segundo artículo establece como atribución de alcaldes o alcaldesas: “Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

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Para el coronel Molina, la creación de los consejos barriales de seguridad es un mecanismo y una herramienta fundamental para involucrar a la ciudadanía con miras a un trabajo mancomunado.

Dirigentes comunitarios han mencionado reiteradamente a este Diario que la conformación de los consejos no se cumple, y que de concretarse serviría para que las autoridades conozcan más de cerca los problemas de cada distrito del Puerto Principal. (I)