Germán G. Creamer *

Si el objetivo del Gobierno es lograr la autonomía total de Ecuador de los principales centros financieros internacionales, la ley de plusvalía ayuda significativamente a lograr este objetivo, aunque el resultado final sería un Ecuador revolucionariamente “pobre”.

El principio básico de finanzas es que un mayor retorno va acompañado de mayor riesgo y viceversa. El sector de bienes raíces en Ecuador es de alto riesgo dado que los precios de estos bienes dependen significativamente de las perspectivas de largo plazo de la economía, del riesgo político y cambiario. El Gobierno actual ha contribuido a aumentar la incertidumbre en estas tres áreas debido al significativo gasto fiscal, el creciente endeudamiento externo especialmente con China y la continua intervención del Gobierno en el sector privado y en el proceso electoral.

La teoría financiera es claramente corroborada por la actitud completamente escéptica de los inversionistas externos ante cualquier intento de controlar las utilidades por parte del Gobierno ecuatoriano y a una reacción positiva ante la presencia de proyectos de alto rendimiento en Ecuador. Sin embargo, desde que el Gobierno ha planteado una serie de leyes restrictivas, como la de plusvalía y anteriormente la de herencia, su interés ha desaparecido. Recientemente, el aumento de los precios del petróleo, las próximas elecciones y la posibilidad de que estos proyectos de leyes fuesen archivados, ha llevado a un creciente interés de invertir en países emergentes como el Ecuador. No obstante, la propuesta de la ley de plusvalía ha alejado nuevamente a potenciales inversionistas, logrando así que muchos proyectos privados sean postergados quizás de por vida, con el consiguiente impacto en la disminución de empleo y el poco uso de los recursos y capacidad instalada de la industria ecuatoriana.

La ley de plusvalía no tiene ningún fundamento en principios económicos. Se basa en principios ideológicos que supuestamente soportan la revolución de los “pobres”, pero no para ayudar a las personas de menores recursos sino porque empobrecen a la mayoría de la población al limitar cualquier proyecto de riesgo, grande o pequeño, en el sector inmobiliario. En países que tienen un sistema de seguridad social confiable, con un sólido sistema financiero y de manejo de fondos de retiro, los trabajadores tienen una gran motivación para ahorrar ya que confían en estos mecanismos y saben que contarán con esos recursos cuando se retiren. Sin embargo, dado que en el Ecuador el Gobierno ha intervenido sobre los recursos de la seguridad social, sigue interviniendo sobre el sector financiero y no existe un sistema de fondo de retiros de largo plazo que pueda sobrevivir a una desdolarización de la economía, los bienes raíces se han constituido en una de las principales fuentes de ahorro de una gran cantidad de familias y empresarios ecuatorianos pequeños y grandes. Si se gravan impuestos tan altos a uno de los pocos mecanismos de ahorro que permiten mantener y aumentar el valor de la inversión en el tiempo, la riqueza de la población va a disminuir substancialmente ya que se ve obligada a transferir la mayor parte del retorno de una inversión de riesgo al gobierno de turno. Como resultado final, el ahorro privado decrece y la población se vuelve mucho más vulnerable a futuras crisis económicas.

El Gobierno actual debería de aceptar el final de su período y preparar la transición a un nuevo gobierno antes que aumentar el endeudamiento y el riesgo del Ecuador en los mercados financieros internacionales.

* PhD (O)