La pregunta 1 de la reciente consulta popular decía: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?

La pregunta tenía un anexo que aclara el alcance del texto anterior, dice que se trata de sentencia condenatoria por los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada.

En cuanto a la sanción, también se destaca que no podrán ocupar cargos de elección popular, contratar con el Estado, desempeñar empleos o cargos públicos y perderán los derechos de participación establecidos en la Constitución. Están en el artículo 61 y a riesgo de aburrirlo, amigo lector, le recuerdo cuáles son: elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato a autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse y desafiliarse libremente de ellos.

En definitiva, la sanción que no es solo para los funcionarios públicos, sino para “toda persona”, puesto que muchos de los delitos que se detallan tienen una contraparte que no siempre desempeña cargos públicos pero que es cómplice y, a veces, quien propone cometer el delito, lo que queda claro en el caso Odebrecht, por ejemplo, tiene un propósito preventivo. Si pusimos atención a los textos anteriores, no nos queda duda de que quienes atenten contra los bienes del Estado se convertirán, como se dice comúnmente, en “muertos civiles”, porque serán marginados de los derechos a participar en la vida del Estado.

A eso, el 73,71% de los ecuatorianos que sufragaron dijo que sí, es una expresión clara de rechazo a quienes, al disponer de los bienes del Estado o de las oportunidades que negociar para el Estado les brindan, perjudican a la ciudadanía y vulneran sus derechos porque utilizan en provecho personal lo que debió servir para cubrir las necesidades básicas de la comunidad y ofrecerle mejores condiciones de vida.

Hay otro aspecto de lo que ocurre en el país en este momento, que también se relaciona con la ética. Son varios y diversos los grupos de ciudadanos que se están reuniendo para discutir cuál debe ser el perfil de las personas que integren el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y luego proponer una lista de nombres. En esos perfiles, aunque destacan la necesidad de preparación, siempre lo prioritario es la honestidad.

¿Podríamos decir que hay un despertar de la conciencia ética? Ojalá, pero si fuera así, lo importante sería asumirlo como un ejercicio sostenido de nuestra acción cotidiana y de nuestra vida colectiva y, además, prepararnos y proponernos ejercer a plenitud los derechos que el artículo 61 de la Constitución, ya mencionado, nos garantiza. Podría ser el principio de la construcción de un país cualitativamente diferente.

Las consultas al pueblo y sus respuestas deben ser entendidas como un compromiso cívico y político. Entonces tendrán la fuerza transformadora que necesitamos. (O)