En un informe borrador de la Contraloría se señala que al menos 91 vuelos al exterior del avión presidencial, en los últimos cinco años del Gobierno anterior registraron irregularidades: despegar sin autorización de la Secretaría General de la Presidencia, trasladar a personas que no eran funcionarios públicos, aterrizar 24 veces en paraísos fiscales, transportar equipaje sin los chequeos correspondientes e incluso, alguna vez, ir y volver de Río de Janeiro sin pasajeros. Los 91 vuelos tendrían un costo de 13’590.947,65 dólares. Sin embargo, una vez concluido el periodo de cinco días para presentar descargos, las cifras podrían variar.

Funcionarios del régimen anterior han dicho que es posible que haya habido errores de registro y que la responsabilidad podría ser del Grupo de Transporte Aéreo Especial.

Ciertamente hoy, las relaciones internacionales requieren que los funcionarios correspondientes viajen más de una vez, pero eso no significa que estén dispensados de cumplir con las normas de control que la transparencia administrativa demanda y que les permite demostrar a la ciudadanía el respeto y pulcritud con que deben manejar los bienes del Estado. (O)