La flamante fiscal del país, Diana Salazar Méndez, fue nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionada por la Asamblea, a sus 37 años, por tener la mejor puntuación y haber defendido una objeción que fue descartada por el CPCCS.
Esta profesional llegó a la fiscalía como asistente de esa identidad. Es doctora en jurisprudencia y magíster en derecho procesal, catedrática universitaria y autora de algunas obras. Cuando asumió en el 2017 como coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, investigó el caso FIFAGate que involucró a Luis Chiriboga con 10 años de prisión por lavado de activos; relacionó al entonces vicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht, también sobre la fuga en la cárcel La Roca, el caso SaiBank. Es la primera mujer afrodescendiente en ocupar esta función. Le toca abrir algunos expedientes que deben ser investigados técnica y profesionalmente. Debe investigar decenas de denuncias escabrosas y de alto voltaje, por lo tanto hay que hacer estudios para reestructurar la falta de respuesta ante tanta carga procesal. Se deben tomar en cuenta las denuncias recientes que dejó la fiscal general encargada Ruth Palacios y las más recientes como las de Assange y una larga lista de casos complejos. La nueva fiscal general del Estado dijo en una entrevista: “No me debo al presidente actual, me debo al país. Trabajaré sobre tres ejes para el cumplimiento de mis labores: innovación, transparencia y efectividad”. Si esto lo cumple, la patria se lo agradecerá.(O)

Robespierre Rivas Ronquillo,
periodista, Guayaquil