Nuestro invitado

El origen de los recursos que financian la política es un misterio, más en unos países que en otros. Es una asignatura que requiere de mayor análisis e instrumentos que posibiliten transparentar las cifras, conocer a los protagonistas que las administran, develar las estrategias de recolección de dinero, escudriñar los sistemas de contabilidad que llevan las organizaciones, evaluar los mecanismos de rendición de cuentas y las competencias que tienen las autoridades de control para corroborar que las reglas del juego se cumplan en igualdad de condiciones y con transparencia, así como las facultades de sanción que existen en contra de los infractores. Este problema que, por cierto, no es nuevo, sin embargo levanta muros de indignación colectiva debido a las denuncias de corrupción que se han destapado en los últimos años por la trama regional y que parecería interminable de Odebrecht, así como por la injerencia de actores privados en las campañas electorales a cambio de favores.

A simple vista hacer política es una actividad extremadamente costosa y, por lo tanto excluyente, para la mayoría de los sectores. La política, en este contexto, pasa por la desafección y el desencanto de la población. El costo no es, exclusivamente, económico, porque la factura es muy alta para la democracia. Las evidencias que debilitan el sistema político son el clientelismo, el tráfico de influencias y el abuso de poder. Entre los peligros mayores está que la gente comience a convencerse de que los cargos públicos por designación y por elección tienen precio, que el dinero esté por encima de los méritos, de las credenciales éticas y de las trayectorias de vida. Cuando la política tiene precio, la ciudadanía pierde el interés por servir al país, sobre todo desde el sector público. En países como México y Colombia, el financiamiento de la política ha sido permeado por el narcotráfico con el riesgo de ir configurando un narcoestado.

La figura de reelección, bajo las distintas modalidades, también impide que las reglas del juego de la competencia electoral sean iguales para todos los actores y organizaciones políticas, ya que quien busca quedarse por uno o varios periodos en su cargo hace uso de los recursos del Estado de manera ilimitada y muchas veces con la complicidad de las autoridades de control de turno. En ese sentido, los resultados electorales tienen un tufillo de ilegalidad y también de ilegitimidad cuando son favorables para quienes usan los recursos del Estado de manera arbitraria. Peor aún, cuando hay casos de concentración del poder por parte del Ejecutivo y control sobre las demás funciones. Habría que recordar que la democracia exige igualdad de posibilidades para quienes participan en las elecciones para servir al país.

El control del financiamiento de la política no es exclusivamente normativo, antes que nada debe convertirse en un imperativo ético de quienes administran la cosa pública y pretenden hacer carrera. La sociedad no puede mirar como algo natural que los recursos de la política tengan origen ilegal. (O)

Docente investigador.