Todos hacen un llamado a que no calles si eres víctima de abuso, acoso o maltrato. ¿Qué pasa cuando tomas valor y denuncias? Nada... Primero te preguntarán mil veces qué sucedió, de qué manera se provocó al agresor para que reaccionara como lo hizo, por qué no hablaste antes... ¿Qué sigue?, te mandan a hacer un papeleo, te dicen que debes esperar hasta notificar a tu agresor y que él voluntariamente se presente a rendir su versión. Muy cordialmente alguien que se compadezca de ti te dirá, “solo debe tener paciencia, estos trámites toman mucho tiempo”. 

¿Durante ese tiempo qué pasa con la víctima?, ¿quién garantiza su seguridad física, psicológica?, ¿quién vela por su vida? La víctima aunque denuncie está sola, los procesos judiciales son muy lentos para la toma de medidas efectivas y garantizar el bienestar de la víctima, empezando por la valoración psicológica para determinar el grado de afectación emocional y a trabajar en mejorar la percepción que tiene de sí misma, ya que esto evitará que se cree dependencia de la víctima hacia su agresor; y segundo punto muy importante es la prevención, educar a la población y a los entes llamados a tomar acción ante cualquier caso de acoso, o de violencia, abuso..., por mínimo que sea. 

Tuve un problema de acoso en un trabajo, el departamento de recursos humanos hizo caso omiso a pesar de haber informado en más de una ocasión que no era el primer acoso hacia mí, sino de más personal femenino. Preocupada, tomé la decisión de acercarme al Ministerio de Relaciones Laborales esperando un amparo. En el ministerio fueron claros en decir que si la denuncia no está hecha por escrito ante el departamento de recursos humanos del lugar de trabajo y ante ellos, no pueden hacer nada. No existió predisposición de autoridades de investigar, aun cuando se presentaron pruebas. Surge la duda de volver a denunciar porque no existen procedimientos urgentes que amparen y dignifiquen a la víctima como ser humano. La Constitución en el artículo 66.3 b  indica el derecho a la integridad personal que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y que el Estado adoptará las medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Eso no quede solo en el papel, sino que sea realidad.(O)

Thalía Cortez P.,

26 años, licenciada; Guayaquil