A todo funcionario público la Constitución, igual que a cualquier ciudadano, le garantiza la presunción de inocencia y a ser tratado como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Esta presunción para aquellos, si bien es cierto es imperativo respetarla legalmente, desaparece moralmente ante la evidencia que proporcionan desvergonzadamente los mismos garantizados con el vertiginoso ascenso de su estatus económico entre el antes y después de su desempeño en la administración pública. 

Durante los anteriores doce años la epidemia de rapiña en la administración pública alcanzó grados inimaginables que recién ahora podemos estupefactos conocer, y, a pesar de que siempre ha podido haber deshonestos en la función pública, estos sinvergüenzas corrompieron descaradamente la moral administrativa. Celebraban sus designaciones al cargo público igual que ganar una lotería, por lo que enraizaron la creencia ciudadana generalizándola de que el empleado público obtiene más con el producto conseguido por la concusión o mordida en la gestión administrativa que con el mismo sueldo, no digamos con el producto del peculado y el soborno. 

No puede continuar la impunidad rampante de exfuncionaros públicos –nuevos ricos– tratando de ocultar con testaferros su inmoralidad, la que les permitió someter al empresario privado a la concusión, convirtiéndolo en cómplice obligado o voluntario de ella, compartiendo los cuantiosos sobreprecios contractuales perjudicando al Estado.

Los medios sociales diariamente nos hacen saber del pillaje, señalando con precisión bienes, ubicación, avalúos y exfuncionarios propietarios. Es verdad que el anonimato de los medios sociales se presta para venganzas y calumnias, pero es tan ostensible y desvergonzada la exhibición del fruto de sus rapiñas que la ciudadanía convencida de su culpabilidad exige la acción de los organismos del Estado.

La certeza ciudadana de que el incremento patrimonial del funcionario es indebido, es la que obliga asimismo, al Estado a investigarlos legalmente por parte de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía y los jueces por los delitos de abuso de los fondos públicos y disponer las respectivas medidas cautelares. La labor de la Contraloría debe responder a las expectativas ciudadanas y la Fiscalía dar por lo menos inicio a las labores investigativas con la apertura por numerosas que sean de las indagatorias de oficio, sin esperar denuncias ni informe del contralor.

Lamentablemente, son muy pocos los procesos iniciados en contra de todos estos sinvergüenzas, inclusive los correístas infiltrados en la actual administración pública y, cínicamente desde la legislatura, exigen sanciones para terceros por los mismas delitos que públicamente a ellos se les imputan.

Felizmente los cuadernos y facturas del “arroz verde” han proporcionado las evidencias para que la cúpula correísta sea procesada y empiece su proceso de sanción, juicios que ojalá concluyan aceleradamente con sentencias condenatorias definitivas. De otra manera, si no se reforma como expresamos en el comentario anterior el art. 108 del Código de la Democracia, como conozco sugiere también como reforma constitucional, el proyecto presentado a la Corte Constitucional por los integrantes del Comité por la Reinstitucionalización Nacional, tendremos como candidatos en las próximas elecciones a todos estos sinvergüenzas encabezados por el jefe del cartel.(O)