El Legislativo debate el proyecto de la Ley de Crecimiento Económico impulsada por el Gobierno y que pretende recaudar 731 millones en el 2020. 404 artículos y la diversidad de temas abordados, desde incrementos tributarios hasta aspectos de educación superior, complican la llegada a un consenso. Algunos legisladores proponen dividir la ley entre lo urgente y lo no urgente, mientras que los analistas alertan que la opción es la presentación de un proyecto de ley alternativo que evite que el país caiga en un abismo fiscal al rechazar o simplemente ignorar el proyecto.

Los cálculos políticos con miras a las elecciones presidenciales parecen estar incidiendo en la toma de posiciones claras de algunos actores que prefieren mantenerse como espectadores o como claros críticos al proyecto sin atreverse a ofrecer alternativas. Como siempre, una gran mayoría de la sociedad está desinformada y no entiende claramente lo que está en juego, calculando, como es normal, cuánto incidirá la ley en su economía directa más que en la economía del país.

Analistas y juristas de trayectoria coinciden en que deben tomarse medidas tributarias y monetarias urgentes si queremos evitar el colapso económico. Colapso que si bien afecta a toda la sociedad tendría un impacto dramático sobre los estratos sociales más vulnerables. La historia demuestra que cuando las desigualdades alcanzan niveles extremos, la explosión social es inevitable. La Revolución rusa, que derrocó al régimen zarista imperial, o la Revolución francesa, que marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en Francia, y que convulsionó a toda Europa, son ejemplos de la extrema violencia que puede generar el desarrollo inequitativo de una sociedad y que es generalmente aprovechado por dirigentes oportunistas que explotan en su beneficio la insatisfacción, desilusión o frustración reprimidas. Venezuela y Chile son ejemplos actuales de lo que sucede cuando las sociedades se desarrollan sin prestar atención a aquellos grupos que van quedando cada vez más y que se convierten en bombas de tiempo que detonan espontáneamente o promovidas por intereses de unos cuantos.

Los gobiernos y la sociedad, en particular la clase intelectual, la clase política honesta y los sectores de poder económico privado, deben tomar conciencia de que para evitar la violencia y las explosiones sociales se debe promover el desarrollo, pero no un pseudodesarrollo de discurso oportunista y hueco, sino aquel que se basa en activar las pequeñas economías, las familiares y comunitarias. Las medidas para la reactivación económica y social, en particular de las zonas rurales donde según el INEC siete de cada diez empleos dependen del sector agropecuario y cuatro de diez son pobres, deben ser reorientadas lejos de la charlatanería y la politiquería populista que no ha mejorado la vida de grupos humanos por largo tiempo relegados.

Créditos de la banca pública orientados a la reactivación de los sectores del agro, ganadero y de comercio de productos agrícolas han demostrado ser ineficientes debido al precario apoyo técnico y científico, conduciendo a fracasos en las actividades productivas emprendidas, empobreciendo e hipotecando la vida de generaciones.

Tengamos claro que cuando la riqueza está rodeada de pobreza, tarde o temprano la violencia las consume a ambas. (O)