El río de la justicia en Ecuador fluye por tres cauces: jueces, fiscales y Consejo de la Judicatura. Unos amplios, otras veces estrechos y la mayoría de las veces ásperos, y en su casi siempre lento recorrido hasta alcanzar la verdad debe superar sus tres implacables obstáculos: la ignorancia, el dinero y la política.

El primero, menos escabroso por los filtros e instancias, es el que fácilmente puede ser superado. El segundo está diseminado a lo largo de todo el cauce, rebasable con dificultad a pesar de los escollos creados por la ambición y deshonestidad. El tercero –la política– arroja a la justicia al precipicio de la inequidad y la hace sucumbir en la inmoralidad. Vorazmente engulle en su seno a los dos primeros, alimentándose y convirtiéndose en el monstruo de la corrupción que cual manto siniestro asuela nuestro país y a todas las instituciones del Estado. Perfeccionada y patentada por el gobierno anterior.

Las puntadas de este manto corruptor las tejió el Gran Engañador con sumo cuidado durante diez años en que “metió la mano en la justicia” con la creación del Consejo de la Judicatura. La completó purgando el Poder Judicial, introduciendo a sus incondicionales, designándolos jueces, fiscales y vocales del Consejo. Para blindarlos y garantizarles su impunidad suprimió el prevaricato como delito judicial, otorgándoles patente de corso judicial.

En todas las instituciones de la Función Judicial existen instrumentos, expedidos ex profeso por sus anteriores titulares aún vigentes, estableciendo escalafones y categorías de la carrera judicial, protegiendo el futuro de sus leales, como ocurre con uno de ellos, que llegó a sancionar penalmente a la compañía EL UNIVERSO con un delito imposible e inexistente, y aún continúa en funciones

Deshaciendo las puntadas del manto, se renovaron las tres instituciones a cargo de la justicia. Designaron a nuevos titulares del Consejo de la Judicatura, presidente y jueces de la Corte Nacional y fiscal general. Particular atención merece lo sucedido con varios de los jueces provinciales ascendidos a jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, impugnados, que sancionaron a supuestos implicados por el caso 30S, sin que pueda ser verificada su probidad judicial controvertida.

En este marco, nos encontramos actualmente con cuatro mujeres en los tres ejes de la justicia. Independientes, valientes y honorables, decididas a erradicar y sancionar la corrupción: Paulina Aguirre Suárez, María del Carmen Maldonado y Diana Salazar, en sus respectivos organismos. Merece especial mención la jueza Daniella Camacho. Sus esfuerzos deberán ser arduos. Ellas parecen no percatarse aún de que el manto correísta probablemente llega hasta las puertas de sus despachos embozado en la carrera judicial.

Es ineludible que para cumplir con el cometido depurador, estas tres mosqueteras de la justicia deberán, con base en esta especial y excepcional situación heredada, hacer derogar parcialmente y modificar las disposiciones protectoras de la carrera judicial, y efectuar nuevos concursos de méritos generales de todo el Poder Judicial, permitiendo la selección y permanencia de los versados, probos e independientes.

De otra manera, Correa continuará tejiendo su manto corruptor de día, cual Penélope, mientras ellas lo deshilan inútilmente por la noche. (O)