El ingreso por habitante del Ecuador cayó en 2 % en 2019, y volverá a caer en 1,3 % en 2020, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB per cápita viene contrayéndose en términos reales desde el año 2014, con una caída acumulada del 7,3 %.

Como resultado, la tasa de pobreza, que se había reducido de 36,7 % en 2007 a 21,5 % en el 2017, ha comenzado a aumentar, llegando a 23,2 % en el 2018. El desempleo está aumentando, pasando de 3,8 % en el 2014 al 4,8 % proyectado en el 2020. Lo más preocupante es que la tasa de empleo adecuado se ha reducido de 45,5 % en el 2014 a 38,5 % en 2019.

Esta contracción económica y deterioro social está generando frustración e inestabilidad política, como se evidenció en el paro de octubre.

La razón principal para esta contracción de la economía es la caída de los precios internacionales del petróleo. El precio promedio del crudo ecuatoriano bajó de $84 por barril en 2014 a $35 por barril en 2016, y valores proyectados de $54-$56 en 2019-2020.

Sin embargo, la necesidad de ajuste económico se agravó por su demora. En lugar de reducir de inmediato el gasto público (que había alcanzado el 44 % del PIB en el 2014), el gobierno de Correa comenzó a incurrir en masivos déficits públicos, alcanzando el 8,2 % del PIB en 2016. La deuda pública (interna y externa), que se encontraba en 27,1 % del PIB en 2014, rápidamente se duplicó, llegando a 44,6 % del PIB en el 2017, y un nivel proyectado de 50,1 % del PIB en el 2020.

El endeudamiento incluyó la emisión de bonos internacionales, a tasas elevadas (en comparación con nuestros vecinos, Colombia y Perú); endeudamiento con China, igualmente con tasas onerosas, y en ocasiones atado a proyectos de empresas chinas; preventa petrolera, con empresas asiáticas; empeño del oro de la reserva; uso de las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE), mediante la emisión de bonos internos y la entrega de ‘activos’ al BCE; uso de las reservas del IESS, mediante la emisión de bonos internos; toma de las pensiones de algunas instituciones; y la suspensión del aporte del 40 % del Estado a las pensiones del IESS. Varias de estas formas de endeudamiento eran inconstitucionales o ilegales.

Para cuando Correa entregó a Lenín Moreno la ‘mesa servida’, las reservas internacionales netas (RIN) del BCE eran negativas en -3293 millones de dólares (es decir, había un hueco en las reservas, lo cual podría afectar la estabilidad financiera).

La calamitosa situación fiscal y financiera del país llevó al Gobierno a buscar un programa de ajuste con el FMI. A cambio de financiamiento en términos blandos del FMI por $4200 millones, y de bancos multilaterales por $6000 millones, el Ecuador se comprometió a reducir su déficit fiscal, recuperar las RIN, y adoptar reformas.

La meta inicial era mejorar la situación fiscal en 5 % del PIB (mejora de $5400 millones), y una recuperación de las RIN (a niveles positivos). Más recientemente el Fondo redujo la meta de consolidación fiscal a 3,9 % del PIB. Las metas fiscales se han venido alcanzando, pero solo gracias a una contracción severa de la inversión pública. La masa salarial no se ha podido reducir, aunque se anticipa una reducción de 0,3 % del PIB en el 2020. Será imprescindible reducir los subsidios a los combustibles, lo cual se intentará mediante una mejor focalización.

Una reactivación económica se podría lograr mediante:

-Un aumento del precio o del volumen de las exportaciones de petróleo.

-Expansión de la producción minera (se comenzó a exportar oro de una concesión).

-Aumento de los precios de las materias primas (lo cual luce improbable, dadas las tendencias recesivas en algunos países).

-Incremento de la inversión privada (lo cual se dificulta por los altos costos laborales en el Ecuador, comparado con Colombia y Perú; inseguridad jurídica; y las trabas burocráticas para emprender en Ecuador). Una reforma laboral que cree incentivos para generar empleo sería bienvenida, así como reformas que faciliten crear empresas.

-Expansión de la eficiencia energética, mayor generación de energía renovable, mayor uso de transporte público (para lo cual existe financiamiento internacional concesional).

-Aumentar la productividad y el valor agregado de las exportaciones. (O)