La Organización Mundial para la Salud ha advertido que el coronavirus COVID-19 podría derivar en una pandemia mundial.

El número de casos de coronavirus ha aumentado exponencialmente, y según el epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Marc Lipsitch, podría contagiar entre el 40 % y el 70 % de la humanidad hasta fin de año. El periodo de incubación dura hasta 14 días, por lo cual muchas personas asintomáticas contagian su enfermedad antes de ser detectada.

Pese a la cuarentena de millones de ciudadanos en China, la epidemia se ha expandido a Corea del Sur, Japón, Irán e Italia (ya se han detectado los primeros casos en América del Sur).

Si la tasa de mortalidad se mantiene como hasta la fecha (del 2 % - 3 %), y se desata una pandemia, podría alcanzar un número de muertos no visto desde la pandemia de influenza de 1918 (en comparación, la influenza anual tiene una tasa de mortalidad del 0,1 %, afectando sobre todo a niños y ancianos con otros problemas de salud).

La economía china, que ha crecido a tasas superiores al 6 % anual desde 1990, está colapsando, y ya se han rebajado los pronósticos de la tasa de crecimiento del PIB mundial; podría desatarse una recesión. El comercio exterior y el turismo son sectores particularmente afectados. Las bolsas de valores cayeron en un 10 % a finales de febrero.

Un impacto directo de la ralentización de la economía china ha sido la caída del precio del petróleo y otras materias primas (aceite de palma, café, maíz, soya). El precio del crudo WTI ha bajado 23 % desde inicios de enero, y ha caído por debajo de $50 por barril (y por debajo del precio estimado para el presupuesto, de $51,30 por barril).

La caída del petróleo ha incidido, a su vez, en que se dispare el llamado “riesgo país” (la percepción de los inversionistas de la capacidad de pago del Ecuador). Se trata del diferencial del rendimiento de los bonos ecuatorianos en el mercado secundario con respecto a la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años plazo. Este índice, que alcanzó un nivel de 5069 puntos básicos (50,69 %) en diciembre 2008 (cuando Correa declaró una moratoria de manera unilateral y no por incapacidad de pago), había bajado a 446 en febrero 2018. Luego del paro indígena aumentó a 1418, en enero volvió a rondar los 800, y a finales de febrero volvió a dispararse a 1400.

No ayudó que la calificadora de riesgo Moody’s haya rebajado su calificación crediticia de la deuda externa del Ecuador a CAA1, considerada “una posición pobre y de muy alto riesgo”. En su análisis de la situación fiscal y económica del país, uno de los factores negativos era la incapacidad de generar un consenso social y parlamentario en torno a las medidas económicas que se requieren para enfrentar el bache fiscal. Varios sectores políticos privilegian sus expectativas electorales a la necesidad urgente de recuperar el equilibrio fiscal.

Cabe recordar que el Gobierno de Correa no efectuó un ajuste económico cuando el precio del petróleo comenzó a caer en 2014, optando por un endeudamiento agresivo, que dejó un legado de deuda pública de $60 mil millones (si se considera la deuda externa, la deuda interna, y otras obligaciones). La deuda pública alcanzó en enero 2020 los USD 58 560 millones, equivalentes a 53,4 % del PIB. Aparte de ello, según el Ministerio de Economía, existen “Otras Obligaciones del Estado”, que suman USD 5941 millones.

El Gobierno ha recortado la inversión pública, agravando el estancamiento económico del país. Pero no logra reducir de manera significativa el gasto corriente, con lo cual se anticipa un déficit fiscal de 3,1 % del PIB. Se requieren al menos USD 6665 millones en financiamiento, incluidos USD 2000 millones esperados por concesiones y ventas de activos.

Con los desembolsos previstos del FMI y bancos multilaterales, y otras medidas no ortodoxas (emisión de Certificados de Tesorería, atrasos de pagos) se espera cerrar la brecha de financiamiento del 2020; pero a Moody’s y otros agentes económicos les preocupa que las amortizaciones de deuda externa aumentarán significativamente a partir del 2022, y no se están adoptando las reformas económicas necesarias para lograr una recuperación económica; preocupa igualmente el posible retorno del populismo económico. (O)