Las medidas recaudatorias coyunturales intentadas hasta ahora por el Gobierno y su rechazo por las fuerzas políticas evidencian las discrepancias irreconciliables entre ellas.

La inercia del Ejecutivo y el juego de intereses electorales solo generan desconcierto en la ciudadanía. Ninguna de ellas tiene la suficiente legitimidad para imponer las nuevas reglas, que, modificando las actuales estructuras jurídicas y constitucionales, devuelvan a la ciudadanía la confianza y la esperanza de un futuro que, aunque mediato, le proporcione la certeza de mejores días.

Se hace necesario entonces empoderar al conglomerado social de su indispensable modificación, de tal forma que sea la ciudadanía la que se pronuncie plebiscitariamente –como uno de sus líderes anticipa– por medio de una nueva consulta popular.

Los líderes políticos están plenamente conscientes de la nefasta herencia jurídica y burocrática recibida por este gobierno sin beneficio de inventario –aún existente por intereses poderosos– así como de la crisis sanitaria, económica, política y social que horrorizan e indignan al país, y que le serán transferidas al ganador de las próximas elecciones presidenciales el año entrante.

Si además incorporamos las nuevas reformas laborales expedidas y la demagogia de la dirigencia indígena, tendremos, como decía Lourdes Tibán, la fórmula para generar el estallido social perfecto, un nuevo octubre devastador, que unos están tratando de soslayar y otro de organizar desde Bélgica.

Para evitarlo, se requiere urgentemente de una reforma integral a toda esta heredad, que rompa los esquemas existentes de derechos y obligaciones fiscales del Estado, así como las empresariales y laborales.

La consulta debería versar, entre otros temas pendientes: de la aprobación de una fórmula para la renegociación y pago de la deuda externa, la reforma a la seguridad social y al manejo de sus recursos por sus legítimos dueños, e imprescindiblemente, responder al desatendido clamor ciudadano del combate a la corrupción, su impunidad, y la recuperación de lo robado, por una comisión internacional como la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), para sancionar a los ladrones y solventar en algo la crisis de la caja fiscal, generada por la descomposición moral presente en todas las esferas del Estado.

Los resultados de la consulta y sus niveles de aceptación serán los que determinen hasta qué punto su proponente ha logrado captar la confianza y el interés cívico ciudadano.

Sus consecuencias le conllevarán altos riesgos políticos para la próxima contienda electoral.

Precisamente por ello es que deben ser asumidas con coraje y valentía por cualquiera que la patrocine, para que en las próximas elecciones, suficientemente inteligenciados, al votar, no solo tengamos que decidir acerca de candidatos, sino conjuntamente del futuro de un nuevo Ecuador, legitimando mediante el plebiscito las reformas presentadas para nuestra aprobación.

Solo el pueblo salva al pueblo. Vox populis, vox Dei.

La inercia del Ejecutivo y el juego de intereses electorales solo generan desconcierto en la ciudadanía.