Al inicio de su vida republicana, en el Ecuador reinaba el caos. Había que poner la “casa” en orden, pero primaban, por desgracia, los intereses políticos, económicos y la lucha de los caudillos –militares y civiles– estaba a la orden del día; en ese marco, pese a sus limitaciones, el Ejército era la garantía para la paz social y el respeto al orden constituido, eso se refleja en el informe al Congreso que el presidente Vicente Rocafuerte daba al concluir su mandato en 1839: “El Ejército es en el día el más firme apoyo de las garantías sociales”.

En estos 190 años de vida republicana, la institución militar ha pasado por las mismas vicisitudes del pueblo; de a poco ha ido fortaleciéndose cualitativa y cuantitativamente, acorde con el tiempo y las circunstancias. Ahora tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, democráticas, subordinadas al poder político legítimamente elegido por la voluntad del pueblo soberano.

La tradición de los militares ecuatorianos ha sido de respeto estricto a los derechos humanos, jamás represivos, peor corruptos; han estado junto con su pueblo en las situaciones más difíciles como institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, no solo porque así reza la Constitución vigente, sino porque el compromiso ha sido siempre con su patria.

El Ministerio de Defensa Nacional y la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, suscribieron, en julio de 1993, un convenio –inédito en América Latina– para realizar el Programa de Formación de Derechos Humanos a las Fuerzas Armadas del Ecuador. En concordancia plena con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, art. 12: “La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes se encomienda”.

El Manual de derecho en las operaciones militares, expedido en el Acuerdo Ministerial n.º 272, firmado por la ministra de Defensa María Fernanda Espinosa, el 11 de septiembre de 2014, entre otros señalamientos, dice: “El Estado debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático. Frente a quienes no tienen intención de respetar los derechos de las personas y no están dispuestos a cumplir el mandato normativo, una vez agotados todos los medios pacíficos disponibles, el uso de la fuerza es obligatorio”. Sobre este documento no hubo organización de DD. HH. o Defensoría del Pueblo que objete o rechace. Ahora, el ministro de Defensa expide el Acuerdo Ministerial n.º 179 y establece el Reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, documento que es una versión actualizada y acorde con la normativa actual del publicado en el gobierno nefasto de Rafael Correa. Actualmente tenemos airadas voces de rechazo, las mismas que en su momento guardaron un silencio cómplice. (O)