El Estado, con una visión selectiva y desigual, ha provocado una degradación constante del esfuerzo empresarial a través de su intermediación política y burocrática. Un desgaste que hoy se refleja en una empresa cada vez menos competitiva y que se aleja de los estándares que establece el mercado y que una sociedad exige: un producto o servicio digno, un trabajo digno, un consumo digno.

La dignidad en el esfuerzo empresarial, más allá de ser una virtud intangible que no tiene precio, exige integrarla como factor diferenciador en el desempeño de una empresa; que no puede ser transgredida por presiones externas al modelo de negocio, y por lo tanto debe ser cumplida, protegida y garantizada desde el centro de la gestión empresarial en toda su cadena de valor, en armonía con el propósito y razón de ser de la empresa.

Elevar la competitividad a los estándares de la dignidad nos lleva a preguntarnos si los derechos humanos son compatibles con los principios de la rentabilidad empresarial. Dos sistemas que buscan la eficacia y eficiencia como eje rector en su operatividad institucional y que al integrarlos crearían una nueva dimensión de la calidad. Una calidad que generaría rendimiento económico y utilidad social. Al humanizar la competitividad estaríamos estableciendo un nuevo estándar que refleja la progresiva integración del ejercicio de los derechos fundamentales en la gestión empresarial y el desarrollo humano; lejos de ser un aporte altruista representa la inversión social que garantiza la sostenibilidad del modelo de negocio.

Hoy, pensar en un producto o servicio digno exige integrar la sustentabilidad en la cadena de producción y comercialización; un trabajo digno implica equidad e inclusión social con justicia laboral; un acceso digno al consumo significa potencializar los derechos del consumidor alineados a la responsabilidad sustentable del consumo. La empresa deberá crear un sistema de gobernanza y control interno de sus procesos y cultura de desempeño donde el ejercicio de los derechos fundamentales sea normado, fomentado y supervisado como principio rector de la gestión empresarial.

Una competitividad digna es el principal mecanismo de protección para limitar la arbitrariedad de fuerzas externas en el esfuerzo empresarial, y al mismo tiempo habilitar su valor dinámico, expansivo y proactivo en la evolución hacia un nuevo modelo de empresa y mercado que construya progreso social más allá de sus limitaciones coyunturales e ideológicas, que lo único que genera es un déficit de respeto, transparencia y crecimiento.

Una nueva lógica empresarial es un imperativo para nuestra economía; es desde adentro de la empresa donde la protección, respeto y garantía de los derechos humanos se integra a la cultura de competitividad, para alcanzar los estándares laborales, ambientales y de calidad que representa el desarrollo sostenible y la economía inclusiva.

La transición de un ciclo vicioso de ineficacia entre el Estado y la empresa hacia un ciclo virtuoso de competitividad digna puede transformar la relación Estado-empresa hacia una interacción sistémica de eficiencia con integridad. (O)