En el Ecuador, la labor agropecuaria posee una variabilidad característica que depende de la zona geográfica y las condiciones climáticas. En países que poseen una altura similar en todas sus regiones y que poseen cuatro estaciones al año, este factor resulta más homogéneo.

Las provincias con mayor superficie de labor agropecuaria en el Ecuador, según datos publicados por el INEC en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, son Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, con un grado porcentual de participación del 50 %.

Por ejemplo, en el 2019, la superficie plantada de palma africana a nivel nacional fue de 246 574 hectáreas, con una producción concentrada en Esmeraldas del 34,42 %. La superficie sembrada de papa a nivel nacional fue de 20 626 hectáreas, con una producción concentrada en el Carchi del 43,56 %. La caña de azúcar en Guayas representó el 81,54 % respecto a la producción nacional de este cultivo; mientras que la producción anual de arroz en cáscara representó el 71,82 %.

Esta particularidad de producción no homogénea hace necesario que los productores trasladen su producto hacia distintas ubicaciones geográficas, lo que implica un coste en el sistema de transporte, refrigeración de ser el caso y las demás partes de la cadena de valor. Una vez que el producto llega al mercado local, sea en Esmeraldas o Guayas, es revendido por los comerciantes a un precio distinto del de producción. Este proceso en ocasiones no es controlado de manera adecuada por las entidades pertinentes, y cargan un valor económico excesivo al usuario final, rédito financiero que no se traslada hacia el productor, sino que se queda en los intermediarios. Esta realidad se asentó con la llegada del COVID-19, en donde los productores recibían un precio irrisorio por su producción, y el usuario final pagaba hasta tres veces más el valor del mismo.

Como una alternativa de solución, aparece el ejercicio del comercio justo, que radica en un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Entonces, en esencia esta actividad es un movimiento global cuyas experiencias pioneras empezaron a finales de 1940, pero básicamente nacen con el primer trueque en la era del Neolítico. El comercio justo busca promover patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para los pequeños agricultores, campesinos y artesanos en desventaja económica y social, respecto a los actores dominantes en el mercado. Es importante destacar que en el país existen universidades que invierten fondos de investigación al desarrollo del mercado y del comercio justo, a la vez que Gobiernos Autónomos Descentralizados que durante la pandemia han asumido el rol del intermediario para apoyar al productor local, mediante venta de cestas solidarias y donaciones. La nueva normalidad pos-COVID-19 nos obliga a ejercer un mayor control sobre el precio final del producto, dando una mayor ponderación a la labor del campesino y tecnificando sus procesos de producción, mejorando sistemas de riego, estudios de suelo, entre otros. (O)