La corrupción que envuelve al Ecuador no es solamente producto de la ambición desmedida y falta de escrúpulos de los corruptos descubiertos día a día. Es el resultado de un proceso programado y hábilmente implantado durante más de diez años en nuestro país, orientando su utilización a la descomposición moral de la sociedad, demoliendo nuestra democracia y sus instituciones para poder implantar un sistema socialista.

La sentencia de la Corte Nacional ha comprobado que la corrupción se planificaba y dirigía desde el despacho presidencial, evidenciando que Correa, independientemente de su voracidad económica, su primordial propósito fue sumergir al Estado de derecho en el caos, utilizando la corrupción como instrumento para destruir nuestra maltrecha democracia, erigiéndose en jefe de todas las funciones del Estado.

El asalto a la Asamblea Nacional con sus ‘manteles’; la arremetida contra el Tribunal Constitucional y la metida de la mano a la Justicia fueron mecanismos destinados a corromper la institucionalización del Estado, para poder violentar la Constitución sin temor, para expedir leyes protectoras del delito, y finalmente proporcionar impunidad judicial para sus corruptos, interviniendo en la justicia, persiguiendo a los partidos políticos y a sus dirigentes silenciando así a la oposición.

Convirtió a la corrupción en política de Estado. La concentró en las grandes obras de infraestructura cuando el Estado disponía de recursos para fuertes inversiones. La crisis fiscal debido al bajo precio del petróleo lo obligó a su modificación en las compras gubernamentales de todo tipo, que como patente de corso otorgaba a sus incondicionales, logrando introducir en la población las dudas acerca del valor de la ética y de la honestidad por su descarada impunidad. Esto explica los resultados de encuestas y estudios, que reflejan una altísima deslegitimación de la democracia en el Ecuador.

La labor de zapa corruptora presidencial ha generado al país daños inconmensurables a la moral y a la democracia, logrando afectar seriamente la escala de valores de grandes sectores de los ecuatorianos, y con ello conseguir su propósito, deteriorando su fe en la Asamblea, en la Justicia, en el Ejecutivo y en sus instituciones democráticas.

La ciudadanía mira impotente la corrupción pública y privada reinante, con la certeza de la impunidad de los delincuentes. Es el caldo de cultivo electoral propicio que él nuevamente pretende ahora aprovechar, cosechando los frutos de su labor interrumpida, y concluirla demagógicamente para lograr finalmente sus originales propósitos, sepultando a la democracia.

Es urgente recuperar a la justicia sancionando definitivamente al gran corruptor y eligiendo un presidente probo, capaz y demócrata, que exija a la administración pública una efectiva rendición de cuentas; una Asamblea Nacional con integrantes honorables con nuevas estructuras y funciones, amparando efectivamente a los desposeídos, avivando así sus enfriados valores éticos, su fe en la democracia y en el Estado de derecho como el mejor sistema de gobierno. (O)