“No existe la vindicta pública. Es una invención de los periodistas”, enseñaba el maestro Agustín Vera Loor en sus brillantes clases de Derecho Penal. La sociedad no se venga de nadie. Busca y aplica la justicia. Ha creado un sistema doctrinario y científico para que el Estado no abuse de los ciudadanos y las personas, al mismo tiempo que aplica las sanciones que la misma ley establece, porque no hay crimen ni pena sin ley. De Vera Loor aprendimos los alumnos ese dogma esencial de los derechos humanos y el derecho del Estado a imponer la ley. Tras siglos de oscurantismo y abusos, el dogma fue fruto de la Revolución francesa.

La Constitución, artículo 194, crea la Fiscalía General del Estado y el 195 define su principal objetivo: la investigación preprocesal y procesal para impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal. Investiga para encontrar la verdad. Es su cometido, investigar. Busquemos ejemplos en la literatura del género policial: Simenon crea al inspector Maigret; Qiu Xiaolong, al inspector jefe Chen Cao. Son ejemplares en sus investigaciones, lógicos, inteligentísimos y respetuosos. Al mismo tiempo tienen una formación moral que les permite no caer en las trampas que les ponen sus enemigos. Siempre crean una hipótesis que tratan de probar. Si no hay suficientes pruebas que establezcan la responsabilidad de una persona, intentan otro supuesto, hasta encontrar al culpable y la relación causal con el acto delictivo. Entonces lo acusan y lo llevan al juez. Pero no son imparciales. No pueden serlo. Es contra natura exigir imparcialidad. Los fiscales tienen sus opiniones, sus creencias, sus afectos. Deben ser apasionados por la verdad y al mismo tiempo objetivos. Víctor Hugo, en Los miserables, creó un personaje medio siniestro en Javert, el policía que persevera tras Jean Valjean hasta que lo encuentra.

No podemos acusar a nuestra fiscal general de tener prejuicios y ser parcializada. Ella, con su equipo, cumple con su deber. Se ha atrevido en parajes siniestros, derribando de sus pedestales a esos ídolos de barro que lucraron con el gobierno del dictador prófugo.

La Fiscalía General del Estado aportó suficientes pruebas sobre la culpabilidad de Correa y los demás sindicados ya condenados por dos sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Por carecer de pruebas de su inocencia, se han valido de todas las argucias que les permite la ley para prolongar el proceso. Ahora esperan el resultado del recurso de casación. Este solo procede contra la sentencia por haberse violado la ley o por haberla interpretado erróneamente. Los jueces deben resolver si confirman las dos sentencias anteriores y rechazan el recurso. Es difícil aceptar que seis magistrados hayan cometido errores que vicien de nulidad sus sentencias. El tribunal de conjueces que debe resolver el recurso tiene tiempo más que suficiente para pronunciarse antes de que termine el mes de agosto porque los plazos son estrictos. La confirmación de la sentencia dejaría sin más recurso a los reos, quedaría firme la condena y dejaría a Correa fuera del proceso electoral. Se espera que los magistrados cumplan con su deber. La gente honrada les agradecerá. (O)