El deterioro progresivo del Estado como garante del desarrollo social se evidencia en un sistema educativo obsoleto. La transición de la educación análoga a la educación digital representa una realidad que llega de manera acelerada y exige intensificar los esfuerzos, tanto del sector público como privado, para superar las dificultades y obstáculos que limitan el ejercicio continuo del derecho a la educación, un derecho que hoy más que nunca debe ser entendido como un deber.

La democratización del conocimiento a través de nuevas tecnologías representa una evolución social, científica y técnica que se materializa a través de una alfabetización sincronizada con la constante innovación tecnológica, que a su vez reconfigura los espacios de aprendizaje físicos y virtuales donde la exploración, el rigor y el entusiasmo son las condiciones necesarias para convertir la educación en una experiencia de creación viva; como decía Gilster: “La alfabetización digital tiene que ver con el dominio del mundo de las ideas, no de las teclas”.

Ante la fragilidad económica y la vulnerabilidad social por la que atravesamos, garantizar la continuidad de la educación demanda maximizar los recursos y capacidades existentes entorno a cuatro criterios esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del proceso de educación digital. Cuatro desafíos que permiten al sistema educativo integrarse de manera progresiva con un sistema productivo que también experimenta un proceso de digitalización acelerado hacia emprendimientos sostenibles y empleos de calidad.

La rapidez con la que los estudiantes se adaptan al aula virtual reclama reforzar la regulación de manera inmediata y efectiva, evitando vacíos legales en torno a tres formas de riesgo: contenido, contacto y conducta. Una regulación que norme peligros como: la exposición a material violento, pornográfico o extremista, discursos de odio, violación o uso indebido de datos personales, extorsión sexual, acoso cibernético, fraude, robo, entre otros.

Seguridad digital, comportamiento social en línea, protección digital son nuevos frentes que deberán integrarse en los programas de educación. Programas que su vez tendrán que ser instrumentos de revisión y mejoramiento continuo, que demandan una retroalimentación constante y responsable de estudiantes, docentes, padres y autoridades para crear entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces.

Como sociedad somos responsables de reducir la pobreza del aprendizaje e impulsar la calidad de la educación. Crear un mecanismo de rendición de cuentas con base en indicadores de progreso nos permitiría gestionar un modelo de financiamientos basado en resultados. Un programa de incentivos a los logros alcanzados se reflejaría en inversiones inteligentes para reducir la desigualdad y fortalecer la calidad de un sistema educativo cuya transformación sea sostenida, y no esté expuesto a reinvenciones accidentadas cada ciclo político. Una vigilancia activa será la mejor garantía para hacer eficaz un derecho social que potencia ideas y esfuerzo hacia una prosperidad digna y equitativa. (O)