El derecho al desarrollo sostenible tiene dos opciones: ser progresivo o ser regresivo. La opción que ha construido el Estado sistemáticamente es clara; su déficit estructural lo deslegitima como garante de un derecho que para la sociedad la única opción es su progresividad. Un progreso que se construye a partir del esfuerzo empresarial e individual y se sustenta en la confianza social para mantener activa una economía en transformación.

Las crisis por las que atravesamos, tanto la económica estructural como la sanitaria, han permitido acelerar la transición de la economía tradicional hacia dos alternativas de progreso: la economía digital y la economía solidaria; donde la transparencia operativa y el sentido de comunidad impulsan la digitalización del consumo de productos y servicios; así como de emprendimientos comerciales y sociales, a partir de la escasez como fuente de innovación para generar recursos.

La recesión económica ha acelerado la transformación digital, convirtiendo a la tecnología disponible en el principal habilitador para el comercio, el empleo y la educación; una transformación que exigirá pasar del consumo digital pasivo, como usuarios y consumidores, a ser productores, exportadores e innovadores que crean y capturan valor en la oportunidad digital. Regular la economía digital exige un pensamiento no convencional, la presión tributaria no puede recaer en el consumidor final, como sucede en la economía tradicional; garantizar una imposición fiscal justa, eficaz y favorable al desarrollo económico implicará soluciones creativas, que rompan el sentido de frontera dirigiendo la presión fiscal donde se crea valor y se obtiene la rentabilidad. La tecnología no es determinista, ofrece oportunidades y plantea retos.

La presión regresiva de las crisis se traduce en desempleo, desaparición de negocios pequeños y medianos y un consumo hacia los mínimos vitales. La reacción social inmediata ha sido el surgimiento de emprendimientos de producción doméstica, apoyados en dispositivos digitales para estimular su comercialización. Precios justos, calidad sustentable y solidaridad comunitaria caracterizan a una economía social y colaborativa en torno a un objetivo central: sostener la productividad y las relaciones sociales inclusivas. El principal reto será garantizar la sostenibilidad de estos emprendimientos para integrarlos a la formalidad y estimular una economía de trabajadores propietarios.

Tanto la economía digital como la solidaria se apoyan en la conectividad como habilitador comercial y de innovación, es una prioridad cerrar la brecha digital que pone en riesgo la integración gradual de la tecnología en el desarrollo económico y social; un derecho atrapado en una regresión institucional y que responsabiliza a la sociedad tomar el control del principio de progresividad del ejercicio efectivo de derechos, donde la adaptación e intensidad de nuestro esfuerzo colaborativo pongan en el centro la solidaridad intergeneracional, que a su vez reclama un futuro con ideas y acciones innovadoras y superadoras, ante una crisis permanente donde nuestra única opción es progresar. (O)