La política del reparto, en el peor Gobierno de Todos, indudablemente podría tener un ministerio, una hoja de ruta, nombre y apellido. Y contraparte, también.

Es la conclusión del reciente –y ya nada sorprendente– capítulo de corrupción que rodea a la actual administración, evidenciado en la declaración anticipada del exasambleísta Daniel Mendoza, procesado por un caso de delincuencia organizada en la “construcción del hospital de Pedernales”. Burdo eufemismo aquel de “construcción”, pues de eso no tiene nada más que desfalco y latrocinio.

Mendoza no solo que hundió más a su excompañero de trabajo (en la Asamblea Nacional) Eliseo Azuero, al vincularlo con cobros corruptos, sino que lo ubicó como la “contraparte” en la difícil y muy onerosa tarea de conseguir votos “legislativos” para los intereses del Ejecutivo en aprobación de leyes o juicios políticos en ciernes.

En su declaración, Mendoza reveló la existencia de un “esquema de reparto” para acceder a cargos en el sector público. Debe entenderse que la intención de alzarse con estos cargos a través de este sucio mecanismo tendría la finalidad de conseguir dinero igual de sucio en el un caso, y en el otro el de beneficiarse políticamente de votos en lo que en conjunto han llamado “disciplina parlamentaria”. Así, “…los cargos tenían aprobación de la Secretaría de la Política o del Ministerio de Gobierno”. Pero Mendoza quiso ser convincente y puso un ejemplo, el del juicio político a la ministra María Paula Romo, cuando coyunturalmente el entonces legislador proponía un nombre para colocarlo al frente de la Gobernación de Manabí: “… la misma ministra dijo que se procesaría el pedido cuando se archive el juicio en su contra”.

Y por si caben dudas de la serie de denuncias en contra de la Agencia Nacional de Tránsito que ha sido viralizada en redes sociales, los declarantes aportaron luces sobre un nuevo perfil de corrupción en esta entidad en la provincia de Manabí. Mendoza y su asesor Jean Carlos Benavides –vinculado al proceso y también detenido para investigaciones– aseguran que varias de esas agencias fueron repartidas por el actual Gobierno entre legisladores. Acá el repartidor señalado fue el exministro de Transporte Paúl Granda, el mismo que luego pasara a la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del cual salió por escándalos de corrupción en la compra de insumos durante la primera fase de la pandemia, casos en los cuales no ha sido vinculado.

Ya nada sorprendente decía al principio, pues varios sobresaltos han vivido estos actores políticos salpicados por actos de corrupción: uso indebido de bienes del Estado, acreditación fraudulenta de carnés de discapacidad, sospechosas postergaciones de juicios políticos, recaudación de diezmos... solo por nombrar algunos.

En tiempos preelectorales toda esa parafernalia de corrupción de seguro pesará en el voto de una ciudadanía indignada e informada por canales alternativos que dificulta su manipulación. Ya por mucho ha abusado de la paciencia ciudadana una decadente clase política que nada alentador ha dejado en los últimos cuatro años. Ojalá el reparto cese, y la justicia brille. (O)