Es importante, necesario y urgente que quien nos dirija por los próximos cuatro años ejerza un gobierno de excelencia, que proyecte y ejecute lo posible, no lo quimérico; que se rodee de gente capacitada y honesta; que no formule decenas de prioridades y ejecute muy pocas; que gobierne sin prejuicios ni resentimientos; que refleje estar ubicado en la realidad; que se aleje de la fantasía.

El nuevo Gobierno debe jugarse totalmente a favor de la inversión y el empleo, y en tal sentido plantear la eliminación constitucional de la prohibición del trabajo por horas; debe promocionar el turismo con un sentido de equidad, sin regionalismo; debe replicar los proyectos exitosos de los gobiernos locales, como por ejemplo, las academias gratuitas de defensa personal a favor de las mujeres, entrega de tablets a los bachilleres, becas de posgrado a los más pobres, proyectos todos del Municipio de Guayaquil. Debe arremeter en concesionar las obras y servicios susceptibles de hacerlo, protegiendo el interés local, pues los proyectos leoninos a favor de los concesionarios devalúan ese modelo. Debe combatir sin rodeos la corrupción dejándose asesorar de los entendidos.

El nuevo Gobierno debe acudir a los incentivos tributarios, empeñarse en respetar los contratos y apoyar el arbitraje. La inversión extranjera no va a venir porque el presidente y sus ministros declaren que son buenos y que van a cambiar al Ecuador. Debe haber expresiones jurídicas e institucionales de estímulo a la inversión, y en ese sentido juegan un papel extraordinario las exoneraciones tributarias. Debe también estimular el consumo. Si hay poco consumo, hay bajo pago de IVA, pequeña recaudación del impuesto a la renta. Por ello aumentar el IVA y el impuesto a la renta es un asesinato al consumo, y un “apoyo” a la debacle de la economía.

La promoción del trabajo está establecida en la Constitución. Hay que ejecutarla con ideas innovadoras. El artículo 329 dice que esa promoción se basará en las habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades del trabajador. ¿Por qué no incluir en los pliegos de contratación que el contratista público deba contratar un mínimo razonable de personas inscritas en las bolsas pertinentes de empleo, que cumplan con los requisitos antedichos? Esto no necesita de reformas legales. Sólo es necesario una buena argumentación jurídica que deje en claro que tal contratación mínima no afecta los derechos del contratista ni la ejecución de los contratos. Si un proyecto así se ejecuta con arbitrariedad, imponiendo cuotas políticas, etcétera, se destruye una propuesta que, bien conducida, pudiera dar buenos resultados.

En estos tiempos construir hospitales públicos parece lo menos apropiado. Los servicios de salud, que pueden incluir la construcción de hospitales, pudieran concesionarse pagándole al concesionario con parte del aporte de los afiliados al IESS; de manera que conceptualmente lo paga el usuario, y por eso es concesión; pero que, por favor, no se encargue del pago el IESS. Que lo haga un fideicomiso decente. Esto puede servir para solucionar el drama de las diálisis. (O)