Algunas crisis y atentados contra la seguridad del Estado se produjeron principalmente por la debilidad, desconocimiento, incompetencia o conocimiento del Gobierno; recordemos:

En el gobierno de R. Correa:

‘Operación Fénix’ (marzo 2008), la ejecutó el Gobierno colombiano y sus Fuerzas Armadas; terminó con la vida de alias Raúl Reyes (Édgar Devia) segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP) y 22 guerrilleros. Bombardearon Angostura, territorio ecuatoriano ocasionando una crisis diplomática regional que expuso la credibilidad del Gobierno ecuatoriano ante la acusación del colombiano de que protegía a las FARC-EP, descubriendo la debilidad de Fuerzas Armadas (FF. AA.) ecuatorianas para el control territorial y la impotencia de la justicia. Para fortalecer las FF. AA. se adquirieron radares y helicópteros que no sirvieron, hasta hubo muertos. La justicia está en deuda.

‘Operación Rescate’ (30S, septiembre 2010), ordenada por Rafael Correa a las FF. AA.; murieron 2 militares, 2 policías y 1 civil; cientos de heridos; muchos procesos judiciales y fueron encarcelados inocentes. La operación se desarrolló en el hospital de la Policía Nacional un santuario protegido por el derecho internacional humanitario. Diez años más tarde la justicia acusa a cinco oficiales en servicio pasivo de FF. AA. que ejecutaron la operación por la muerte del policía Froilán Jiménez, pero no a quien dio la orden y fue responsable de ocasionar la crisis por su prepotencia hacia policías que protestaban por sus derechos.

En el gobierno de L. Moreno:

Destrucción con explosivos (enero 2018), del cuartel de la Policía Nacional en San Lorenzo por parte de un grupo narcoguerrillero identificado como disidentes de las FARC-EP comandados por alias Guacho. Asesinato de 5 infantes de marina (marzo 2018), por la detonación de una bomba en San Lorenzo-Mataje. Secuestro y asesinato (marzo 2018) de tres periodistas San Lorenzo-Mataje. Muere alias Guacho (diciembre 2018). Luego de los primeros atentados el Gobierno nombra nuevas autoridades de seguridad que elaboran y ejecutan el ‘Plan estratégico de seguridad integral de la frontera norte’; la justicia no llega a los incompetentes funcionarios salientes.

Levantamiento (octubre 2019), dirigido por la Conaie y apoyado por movimientos sociales y sindicales en contra del decreto que subía el precio de los combustibles; el Gobierno decretó estado de excepción, pero no logró controlar el orden público, se llegó a terrorismo por la inserción de agitadores políticos entrenados en guerrilla urbana, que destruyeron la Contraloría General del Estado, donde se guardaban expedientes de investigación sobre el robo de dineros públicos por parte de funcionarios del Gobierno anterior y algunos enquistados en el actual. La justicia no llega a los responsables y hay amenaza de nuevo levantamiento en 2020.

Las crisis relatadas se produjeron por la debilidad de los Gobiernos, prepotencia del exmandatario y pasividad del actual, además, la justicia no alcanza a los principales responsables. ¡Tomar notas, aspirantes a gobernar! (O)