Por León Padilla

El 9 de enero de 2000 el gobierno ecuatoriano de aquella época anunció la adopción del dólar norteamericano como moneda de curso legal, luego de una profunda crisis económica, financiera y social. Entre 1998 y 2000 el PIB nominal disminuyó 35 % y el PIB per cápita cayó un 33 %. El sucre se devaluó 359,7 % como consecuencia de las políticas adoptadas. La pobreza pasó del 56 % en 1995 al 69 % en 2001; el desempleo subió del 8 al 17 %. Los salarios reales se redujeron aproximadamente 40 %. La decisión fue unilateral, desesperada y carente de un proceso de coordinación política y económica.

Aunque a principios del siglo XXI varios economistas plantearon la posibilidad que más países de Latinoamérica se dolaricen para palear la inestabilidad cambiaria de los años ochenta y noventa, luego de la dolarización en El Salvador en 2001 ningún otro país de América Latina acogió este sistema. Lo cierto es que la dolarización, como cualquier otro régimen cambiario, supone beneficios y costos.

Por una parte, un esquema de dolarización facilita: la estabilidad macroeconómica y de credibilidad internacional, la reducción de costos de información, una estabilidad de los precios relativos, la eliminación del riesgo cambiario, la disminución del riesgo país y de las tasas de interés y el incremento del comercio con Estados Unidos.

Por otra parte, un sistema de dolarización también implica: la pérdida de la emisión monetaria y de la política cambiaria, la renuncia de los ingresos de señoreaje, un deterioro de la soberanía, la ausencia de un prestamista de ultima instancia y la ausencia de una fuente de financiamiento fiscal.

En el caso del Ecuador, en el período posdolarización los principales agregados macroeconómicos han evolucionado favorablemente. La inflación se ha situado en rangos menores a un dígito, el desempleo ha presentado niveles moderados, el riesgo soberano ha sido inferior en comparación con la época de autonomía monetaria y la inversión ha crecido a una mayor velocidad.

Sin embargo, otros indicadores no han presentado el desempeño esperado. La inversión extranjera directa ha sido mínima. El cambio de la matriz productiva no ha podido consolidarse. La economía refleja una mayor dependencia del petróleo en comparación con el período de predolarización. Además, y más importante, los desequilibrios externos (como la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo o la actual pandemia del COVID-19) magnifican la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana ante la imposibilidad de utilizar herramientas de política monetaria.

La cuestión relevante es que, aunque la dolarización proporciona un ancla para la inflación, esta no garantiza la resolución de problemas estructurales e institucionales.

A inicios del 2021 el Ecuador elegirá el nuevo gobierno. En este contexto, nuevamente entra en la palestra del debate político la posibilidad de desdolarizar la economía. Sin embargo, lejos de una discusión con sólidos argumentos técnicos, la desdolarización ha sido utilizada como bandera para la descalificación política al generar preocupación en la población.

La mayoría de los ciudadanos mantienen una posición contraria a un sistema con moneda propia ya que varias encuestas demuestran que, en general, los ecuatorianos están a favor de la dolarización. Pero esta percepción, errada o no, está influenciada en gran medida por episodios pasados, en especial por el manejo errático de la política monetaria a finales del siglo XX.

Pero ¿desdolarizar la economía ecuatoriana es una posibilidad real? Pese a que la dolarización en el Ecuador presenta debilidades en su construcción y funcionamiento, en el corto plazo la decisión más adecuada sería mantenerla. Si bien, es necesario precisar que el escenario ideal para el manejo económico es contar con una autonomía monetaria y la posibilidad de realizar ajustes al tipo de cambio, la implementación de este sistema ha coincidido con un prolongado período de estabilidad macroeconómica, pese a varios eventos adversos suscitados en el transcurso de estas dos décadas.

No obstante, para mantener la dolarización es indispensable que en el mediano plazo se establezcan ciertas condiciones que permitan fortalecer este régimen. Estas son: fomentar el desarrollo de sectores productivos más sustentables, al mismo tiempo de reducir la dependencia petrolera; establecer mecanismos legales para evitar un manejo irresponsable de los recursos fiscales y evitar la expansión de la deuda pública; procurar un papel pasivo del Banco Central en el manejo de la política monetaria; incrementar la presencia de instituciones financieras internacionales para evitar eventos inesperados de iliquidez; y promover un mayor grado de flexibilidad en el mercado laboral.

Finalmente, es necesario que el Ecuador establezca alternativas monetarias para el largo plazo. La historia ha demostrado que incluso los regímenes cambiarios rígidos pueden romperse. Por lo tanto, cabe la posibilidad que en el futuro una opción monetaria sea la adopción de una moneda regional frente a una hipotética salida de la dolarización, incluso más conveniente a la opción de regresar a un esquema de moneda propia.

No obstante, un proyecto de tal magnitud debería estructurarse con los más estrictos criterios técnicos y tomando como referencia el proceso de integración monetaria de la Eurozona y la realidad Latinoamericana. (O)

León Padilla es profesor e investigador en la U. de las Américas (UDLA). Doctor en Economía y Empresa por la U. Autónoma de Madrid. Especializado en macroeconomía, economía internacional.

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