El último censo penitenciario, al referirse al nivel educativo de la población carcelaria del Ecuador, revela una escalofriante cifra: el 32,92 % son bachilleres. ¿Cómo llegamos a esta situación?

Desde la Ley de Educación Superior de agosto de 2010 cambió la realidad de los bachilleres. Se establecieron cupos, y los antitécnicos exámenes de ingreso les impidieron acceder a la universidad, siendo mayormente perjudicados los más pobres. Como ejemplo, en el año 2021, para los exámenes de la Senescyt ( Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) postularon 331.000 bachilleres; de ellos, 210.000 no consiguieron un cupo, como lo confirmó la propia Secretaría de Educación Superior, sin importarle esta realidad. Desde entonces, miles de jóvenes se encontraron sin opción de cursar una carrera profesional, muchos volviéndose vulnerables a los malos ejemplos de amigos y conocidos, y con adicciones a drogas fáciles de adquirir, al estar en sus barrios, sin estudios, ociosos, sin trabajo remunerado. Ahora vemos, con dolor, que los estudiantes desde antes de culminar su bachillerato sienten la exclusión dura. Es dramática esta situación. Según la Senescyt, son más de un millón los bachilleres que no han podido ingresar a las universidades desde el año 2010.

Como aconteció en Medellín o Singapur, algún rato se tomarán medidas para recuperar la paz y seguridad. Una de ellas necesariamente deberá ser la referida al justo ingreso de los bachilleres a las universidades. Es urgente atender las vidas sin opciones de muchos jóvenes, que, sin futuro, se vuelven vulnerables a los vicios y también a la delincuencia.

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La educación pública debe ser prioridad. El Estado tiene que fortalecerla con políticas y recursos, ya que la educación no es un gasto, sino una inversión social para un mejor futuro de todos. (O)

Wilson Sánchez Castello, abogado, Guayaquil