La Universidad de Guayaquil en estos últimos años ha recibido la agresión a su autonomía en los gobiernos de turno por parte del Consejo de Educación Superior (CES) que es incapaz de organizar unas elecciones libres y creíbles.

La agresión no solo ha sido a la institución sino a sus docentes, estudiantes y trabajadores. No se han otorgado becas y ayudas económicas que establece el artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), al menos al 10 % de los estudiantes. Debido a trabas burocráticas, a muchos estudiantes los incorporan después de dos o tres años de haber concluido la malla curricular. A los profesores y trabajadores no les pagan la jubilación institucional, establecida en sentencia n°. 001–13–SIS–CC de la Corte Constitucional del 2013. En mi caso, trabajé 37 años de docente en la Universidad de Guayaquil, me jubilé al cumplir 70 años de edad en el 2020; tras 50 años de docente de niveles primario, secundario y universitario no he recibido mi compensación por jubilación, vulneran mis derechos establecidos en el artículo 36 de la Constitución, que expresa que los adultos mayores recibirán atención en los ámbitos público y privado, en especial en el campo económico. No acepto que digan que la universidad no tiene dinero, ya que irresponsablemente el último interventor devolvió al Ministerio de Finanzas más de $ 80 millones en el 2018, 2019 y 2020. (O)

Jorge Gilberto Ortega Tapia, magíster, docente jubilado, Guayaquil