Es inaudito pagar un servicio no recibido y la desazón aumenta cuando no tienes a dónde recurrir, pues aunque existe un organismo creado para observar la calidad de los servicios públicos y velar por los derechos ciudadanos, en la práctica no es así.

El 17 de mayo decidí dar de baja mi línea de telefonía fija, ya que durante algunos meses no recibía el servicio, sin embargo, el pago lo realizaba puntualmente. Cuando acudí a una de las agencias para hacer la liquidación, me informaron que tenía que agendar la cita. Salí abatida y me dije que a nadie le importa el tiempo perdido ni el cansancio por la jornada laboral que esta ciudadana común ha cumplido; a nadie le interesa la impotencia de esta persona que tiene que correr a realizar un trámite y recibir respuestas o excusas insulsas y sin sentido.

En el día de la cita se me atendió con jovialidad y presteza, se me informó que tenía que cancelar un par de meses más, por no sé qué cosa. No objeté, si había pagado seis meses sin recibir servicio, podía hacerlo un par de meses más con tal de liberarme de ese mal. En los días subsiguientes no recibí llamada.

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El 14 de julio decidí averiguar cómo estaba la situación y oh, sorpresa, debo continuar pagando y hacer nuevamente el proceso. ¡No podía creerlo! Me habían ‘llamado’ y ‘no había contestado’, la culpable era yo, porque si no había recibido la llamada tenía que acercarme a preguntar el motivo. Pregunté a qué número habían llamado, el que me indicaron no coincidía con el mío. Lo más irónico es que el número de mi teléfono celular consta en la copia que me entregaron cuando inicié el proceso.

Esta es la realidad del ciudadano común de mi país que ve con impotencia cómo le arrebatan sus derechos.

Continuaré con las cortapisas del sistema, pagando algo que no he consumido. (O)

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Mariana Dolores Mendoza Orellana, economista, Guayaquil