Un nuevo organismo fijará la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA). Acorde con lo publicado por la prensa conocemos lineamientos generales de su futuro accionar. Ojalá haya involucrado el problema de la demora en la tramitología institucional pública y, ¿por qué no también la privada? Sería una forma de combatir otra cara de la corrupción y los perjuicios.

Hay miles de casos en nuestro país –desgraciadamente–, sin costos cuantificados; serían cantidades muy representativas. Una empresa pública que no es de Guayaquil inició en un juzgado de coactiva el juicio contra una compañía sin existencia jurídica, ordenada por el organismo de control de hace 21 años, sin investigación previa, sin rubor ético, en ejercicio supino legal; se dispusieron medidas cautelares y retención de fondos monetarios a quien fungió de liquidador de esta. Ante tamaña injuridicidad se realizó el reclamo, lo cual conllevó gastos económicos por el tiempo dedicado, llamadas telefónicas, viajes ante la entidad bancaria, correos electrónicos y más; hubo que aportar pruebas públicas de descargos ante la inacción de los funcionarios involucrados ocasionando perjuicio para el Estado (artículo 227 de la Constitución respecto a eficacia, eficiencia, calidad...), y restando al agobiado tiempo, en detrimento personal y económico sin garantía de ser desagraviado, si no de estar a la voluntad de aquellos casi pidiendo ‘favor’. A través de generosos amigos se recurrió al inmediato superior, quien comprendió la falencia legal y dispuso inmediata rectificación y demoró solo minutos. Terminada esta primera etapa, se continuó con la entidad bancaria que solicitó las pruebas públicas para devolver los valores retenidos ilegalmente en el término de siete días (demoró más de diez) continuando el perjuicio. ¿Y la tecnología?, en total ausencia, y el control de la jerarquía institucional fue igual al tortuguismo burocrático público, origen de muchos actos corruptos... Recuerdo la orden impartida de la máxima autoridad del organismo de control de aquella época: todo trámite recibido por el funcionario sin despachar injustificadamente durante diez días era amonestado. ¡Combatiendo la burocracia retardataria se hace patria! (O)

Regina Zambrano Reina, doctora en Jurisprudencia, Quito