El 14 de octubre en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad Católica del Ecuador, Quito, se hizo el ‘Acto de cierre del proceso de diálogo’; es decir, cerraron las diez mesas de diálogo, con 218 acuerdos, que en 90 días trataron representantes del Gobierno y de tres movimientos sociales indígenas, sobre focalización de subsidios, derechos laborales, preguntas de la consulta popular... La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) fue mediadora.

En lo que correspondió a la mesa de seguridad y justicia, en la que gente de sectores indígenas, campesinos y otros reclamaron y exigieron al gobierno de Guillermo Lasso que sus demandas sean tomadas en cuenta por sentirse aludidos, afectados y discriminados, y sus reclamos supuestamente eran también a nombre de “todos los ecuatorianos”, me llamó la atención que los manifestantes tanto en octubre de 2019 que paralizaron el país por 11 días y dejaron una pérdida económica de más o menos $ 820 millones, y en la manifestaciones de junio de 2022 caotizaron el Ecuador por 18 días de angustia y causaron pérdidas económicas de cerca de $ 1.115 millones, y los dos paros o levantamientos, manifestaciones y protestas indígenas significaron una pérdida de unos $ 1.935 millones al país. Preguntamos ¿quién pagó los daños? Los señores dirigentes demandaron que se debe indemnizar a los manifestantes que participaron en dichas protestas, porque supuestamente fueron “afectados por represión y abuso” de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Quienes debemos pedir indemnización y disculpas públicas somos todos los ecuatorianos que fuimos afectados por los daños a la propiedad pública y privada, incendios, saqueos, vejámenes, agresiones, insultos, etc., que propinaron a quienes no se unían a ellos.

Ellos han exigido en estas mesas diálogos ya cerradas, no que los ecuatorianos tengamos mejores redes públicas de salud y complementaria, más seguridad ciudadana, precios justos para productores agrícolas, lecheros, etc.; tarifas justas de servicios básicos, combate a los altos intereses de la banca privada, mejoramiento del parque automotor urbano, cantonal e interprovincial; tarifa unificada del transporte urbano a nivel país, arreglos y mantenimientos de las vías por parte de los Gobiernos autónomos descentralizados cantonales y provinciales; acceso a todos a la educación superior y a carreras técnicas y tecnológicas con sus presupuestos, financiamientos. Han exigido en estas mesas que les sirvan un bien particular buscando dejar en la impunidad sus delitos, pero no servir al bien común de todos los ecuatorianos. (O)

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Sabel Roberto Fabara Eugenio, biólogo, Guayaquil