No hay ningún otro acto o procedimiento dentro de la democracia que sea más directo y legítimo, que la consulta popular o sus variantes constitucionales como el referendo o el plebiscito, donde el pueblo toma decisiones directas e inmediatas sobre lo que le conviene en la conducción del Estado en cualquier aspecto.

En la consulta popular del 5 de febrero próximo, el Ejecutivo nos hará a los ciudadanos 8 preguntas que han pasado el control de la Corte Constitucional, que considero que las ha aprobado con elevado criterio jurídico constitucional, pensando no tanto en los mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones, sino en fortalecer los canales de representación y una participación popular más activa, equilibrada, igualitaria; que debe ser el marco en que se estructure el sistema constitucional ecuatoriano. El Ejecutivo propicia la consulta, y yo –y todos los ciudadanos– sabemos que el Estado entiende que somos origen y fin de la democracia, y lo que digamos en la consulta, sea nuestra respuesta positiva o negativa, será de voluntad legal, libre, y el Gobierno va a conducir con aprobación popular lo que se apruebe. Las consultas populares deben ser instrumentos para solucionar conflictos entre los poderes del Estado y acercarse al pueblo en cuestiones importantes, evitando que los ciudadanos entren en conflicto entre sí, estableciendo mecanismos ágiles y seguros para que las consultas sean continuas y rápidas. Nos gustaría que hubieran otras preguntas mejores o más necesarias, por ejemplo lo resuelto en las mesas de trabajo con los indígenas (representan el 7 % de la población) que con presiones atentatorias a la seguridad nacional exigen al Gobierno cuestiones que perjudican al resto de los ciudadanos; o como la condonación de deudas por $21′000.000 y cuyo no pago va en perjuicio de 18 millones de habitantes, entre estos niños enfermos; y para reponer ese dinero el Estado tendrá que poner impuestos o contribuciones especiales. Sobre puntos discutibles, el Gobierno debe convocar a consulta popular para ver si en este caso los ciudadanos pobres y ricos que pagamos nuestras deudas, aceptamos que otro grupo de ciudadanos quieran pasarse de ‘vivos’. (O)

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Gustavo Otto von Buchwald Becerra, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil