Mil millones es el producto de los destrozos que causaron al país los 18 días de protestas ‘pacíficas’, supuestamente , sin contar que deben pagar por las indemnizaciones por las vidas que se perdieron producto de los salvajes actos de terrorismo perpetrados por los manifestantes embriagados de odio, alcohol y hasta de drogas, como se pudo ver en los videos y las sangrientas imágenes publicadas por los medios de comunicación.

Deberían responder los dirigentes de organizaciones indígenas que tuvieron no solo apoyo, sino que invirtieron multimillonarios recursos nacionales y extranjeros (incluso provenientes del narcotráfico, según dio a conocer el presidente del país) para financiar dicha sediciosa y planificada destrucción del país. Es necesario que la justicia haga su trabajo y la Fiscalía General del Estado continúe hasta el final con las denuncias penales presentadas, inicie las múltiples denuncias que están pendientes, para las cuales cuentan con vasto material probatorio para que todos los cabecillas y causantes del caos golpista terminen en la cárcel. También es necesario que los prefectos y alcaldes presenten las demandas respectivas por los destrozos de sus provincias y ciudades, especialmente del cantón Quito, ya que a más de ser el más afectado es patrimonio de la humanidad y es la segunda vez que le sucede lo mismo, recordamos el octubre negro de 2019 cuando hicieron otro paro nacional. La empresa privada y sus gremios como las cámaras de la producción también deben dirigir acciones legales contra los mentados grupos terroristas. Paralelamente, el Gobierno central y las nobles Fuerzas Armadas, incluida la Policía Nacional, deben armar un plan para que desmanes planificados y financiados por la sediciosa izquierda radical no vuelvan a ocurrir. (O)

César Eduardo Benítez Jiménez, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil