El decaimiento de las entidades de control se manifiesta acentuado en el Ecuador y no solo es evidente en los aspectos contables, financieros y de control interno, sino también en el más emblemático de todos, la corrupción.

En el país se crean superintendencias a diestra y siniestra sin que ciertas ejerzan realmente la función para la cual son creadas, el control. Uno de los casos que lo palpo día a día por el desarrollo de mi actividad profesional es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En días pasados al concurrir a la hoy llamada Coordinación Zonal 5, me topé con una protesta de un grupo de afectados de una cooperativa de ahorro y crédito en liquidación que exigían se realicen las gestiones para recuperar sus ahorros; la respuesta que les dieron era que un anterior reclamo ya había sido archivado y debían presentar un nuevo reclamo.

Inaudito, ¿una entidad de control no había ejercido su función a pesar de conocer irregularidades que se cometían en esa entidad financiera?

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Imagínense, si no existe total control en el sector financiero, cómo es en el sector no financiero, ¿controlan que se eternicen en los cargos, directivos?, ¿por qué se desecha solicitud de intervención a pesar de pruebas evidentes que se presentan y están respaldadas por más de un 25 % de socios como lo exige la ley?

Organismos de integración estarían incumpliendo la ley al no tener auditores internos quienes, en cierta medida, realizarían un control de los recursos económicos.

Ojalá, en algún momento, los políticos ecuatorianos dejen sus diferencias políticas, tal cual hicieron sus pares de Estados Unidos al hacer la Ley Sabarnes-Oxley, y centren sus esfuerzos en crear en Ecuador una ley similar, para hacer un control más eficaz en materia contable, financiera y en materia anticorrupción. (O)

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Luis Vizuete Santos, ingeniero comercial, Guayaquil