¡Ya nada de lo que haga o deje de hacer la Asamblea Nacional nos llama la atención!

No me estoy refiriendo a personaje alguno, sino a la institución como tal, o sea a ese poder del Estado que nuevamente ha entrado en disputa, abriéndose más frentes de los que tiene. Antes era con el Ejecutivo, luego con la Corte Constitucional…, y ahora con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El titular de la Asamblea ha manifestado abiertamente que no acatará aquel fallo del juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Concordia, de dejar sin efecto la destitución de los cuatro consejeros del CPCCS, como consecuencia de una medida cautelar presentada dentro de los plazos legales.

Por su parte, el presidente del CPCCS y el referido juez esbozan como argumento legal la falta de informes correspondientes en un juicio en el que la mayoría de la Asamblea actuó -dicen- inobservando e irrespetando la Constitución y sentando un grave precedente para futuros juicios políticos que podrían atropellar los derechos de cualquier ciudadano, apadrinados ellos exclusivamente en las mayorías convenientes, y no en el manejo de procesos límpidos que deberían ceñirse a lo que dicta la letra de la ley.

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Y ahí entonces se configura lo que se conoce políticamente como una “pugna de poderes”. Los unos hablan de intromisión o injerencia de la Función Judicial en la Función Legislativa; y los otros, en cambio, hablan de decisiones despabiladas tomadas al margen de la ley. Y en ese maremoto, ni los más conspicuos constitucionalistas se ponen de acuerdo, menos nosotros que -empíricamente- oteamos los toros de lejos. ¡Qué podríamos decir! Sea como fuere, lo que está claro es que, con estos vericuetos legales y políticos, el país se paraliza.

Otra debería ser la actitud de quienes gozan del favor popular, dedicándose a tiempo completo a analizar los verdaderos problemas domésticos que como país tenemos, y enfrentarlos con capacidad y decisión…, y no caer en las trampas de las pugnas desafiantes, solo por el prurito de demostrar quién es el que más poder tiene.

Mientras tanto, el concurso convocado por el CPCCS para designar al nuevo contralor general sigue adelante. Hasta el momento, ya pasan de 120 los postulantes que, con toda razón, estarán también dudosos de que el proceso termine como debería. En la política ecuatoriana, todo puede suceder y hasta el 15 de diciembre, plazo en el que culmina el análisis de las carpetas de los postulantes, estaremos pendientes del desenlace de una trama en la que los consejeros censurados por la Asamblea son los protagonistas.

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Lo propio pasará con la designación del defensor público. Hasta el momento ya están 54 pretendientes. Sus currículums deberán ser analizados previamente a las etapas del concurso de méritos y oposición. Entretanto, en este ambiente de completa incertidumbre, tanto los consejeros cuanto los postulantes estarán actuando y participando con la expectativa de saber “el fin” de un sumario presuntamente viciado de errores y de fallos, de pugnas y de ilegalidades, protagonizadas por dos poderes del Estado que lidian, cada uno por su lado, por salirse con la suya. (O)

Eugenio Morocho Quinteros, Azogues

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