He notado que falta pragmatismo en muchos funcionarios de entidades públicas (sean municipales o gubernamentales), que frente a evidencias de quienes infringen las leyes, las normas y los principios o cuando ellos mismos constatan deficiencias o carencias de alguna índole en sus recorridos de trabajo por la ciudad, los poblados del país; incluso cuando son testigos de eventos en actos de flagrancia, pierden el espíritu de observancia y acción. Es decir, dejan de intervenir ipso facto, cuando en realidad deberíamos verlos que tengan reacciones instintivas de vocación de servicio.

Cuando se les pregunta a esos funcionarios públicos por qué no actúan y sancionan de inmediato, se excusan diciendo que ellos tienen prohibido dar informes, principalmente porque no les creen sus superiores o porque serán sancionados por reportar, y dicen más bien que cada perjudicado debe ir a las oficinas administrativas para que exponga la denuncia, y luego de eso la denuncia o el reclamo entra en un análisis y un procedimiento que puede tomar semanas, meses, años.

Además, dichos funcionarios advierten, en esas oficinas administrativas públicas, que aquella persona que presente una denuncia de algo donde se esté violando una ley o una ordenanza, debe firmar un documento, presentar una copia de su cédula de ciudadanía, y en caso de que él o los infractores deseen saber quién hizo la denuncia, esa institución señalará al denunciante. Es decir, se niega a guardar la confidencialidad. Me imagino cómo sería el espíritu de cuerpo si el denunciado fuera de la misma entidad donde se denuncia, sin mencionar las represalias al denunciante. Por esta razón es que casi nadie se atreve a denunciar los abusos a las leyes, porque queda como ‘carne de cañón’, develada, frente a los denunciados. (O)

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Édgar Vicente Saldaña Alvarado, Guayaquil