Ante el anuncio del señor presidente de la República de convocar a una consulta popular para, entre otros temas, reordenar la Función Judicial, la mayoría ciudadana y en particular los abogados, lo recibimos con expectativa, ya que el sistema judicial funciona defectuosamente porque cada titular prevalecido del principio de independencia, muchas veces procede discrecionalmente al no despachar oportunamente los trámites o aplicar indebidamente las normas legales.

Por ejemplo, un simple trámite de ejecución de acuerdo mutuo que no debe durar más de dos meses, está desde agosto del año anterior, debido a inconsistencias internas, y ahora que solo falta la citación, pese a que la jueza ordenó que se remita a la oficina de citaciones, los curiales no cumplen su orden desde hace más de un mes; igualmente son los juicios de alimentos donde los demandados no cumplen con su obligación de cancelar las pensiones pendientes y las que se suceden; al pedirse a jueces que ordenen apremio real sobre las cuentas de los morosos, posponen el interés superior de los menores negando tal medida, exigiendo detalles que no cuentan, es decir, pasan hasta casi cuatro años que demandados se burlan de los derechos de los menores sin que haya sensibilidad para tutelar sus intereses lesionados; beneficiando así a desnaturalizados progenitores. Con la consulta, debe reformarse el Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de facilitar el control de oficio sobre ciertos juzgadores que incumplen su deberes, sin necesidad de denuncias o trámites que se prolongan y muchas veces son negados por funcionarios del Consejo de la Judicatura, que podría desaparecer, pero consignando normas muy puntuales contra funcionarios y empleados que no cumplan con sus deberes, perjudicando a toda la comunidad. (O)

Jorge Franklin Chambers Hidalgo, abogado, avenida Samborondón