El próximo proceso electoral de autoridades seccionales se realizará dentro de dos meses, el domingo 5 de febrero de 2023. El artículo 104 de la Constitución de la República faculta al presidente de la República, a la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana, a peticionar al organismo electoral, a convocar a una consulta popular. Elegiremos a 5.633 autoridades provinciales, entre prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales cantonales y urbanos, vocales de juntas parroquiales, miembros del CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social). Son 80 millones de papeletas.

De llegar a convocar a dos consultas, la del Gobierno y la de la organización Yasunidos, si lo peticionaran, podrían ser 106′900.094 papeletas, teniendo en cuenta que somos 13′450.047 electores. Y no sería extraño que ese número pudiera aumentar si otros grupos sociales como el que propugnaba la bicameralidad parlamentaria pretendan que se incluyan sus consultas. Estando ya definida la fecha electoral, las elecciones vendrían a ser como plato de segunda, quizás al incluir otros procesos no definidos previamente en mandato constitucional. Desglosando la distribución de los votos, estos se conformarían en zonas urbanas, 6 papeletas de votación. Zona rural 7 papeletas. En el exterior, 3 papeletas para elegir representante al CPCCS. Y de los pueblos y nacionalidades indígena, afroecuatorianos, pueblos montuvios y ecuatorianos en el exterior; más dos papeletas de las dos consultas. O sea, el elector debe discernir entre 8 papeletas en zona urbana, 9 en la ruralidad y 5 en zona extraterritorial. Podría ser obstáculo el montón de papeletas al sufragar, sin tiempo en ese momento para leer las preguntas de las consultas y recordar lo leído para no caer en un votar por votar. También sería confuso el trabajo de los delegados de mesa. (O)

César Antonio Jijón Sánchez, Daule