En noviembre del año pasado, en este prestigioso Diario publiqué una carta en la que denunciaba, en calidad de presidente de una cooperativa de taxis, un caso de corrupción cometido por otra cooperativa al haber registrado ante la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) a un socio con un documento falsificado sobre la baja de nuestra cooperativa ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad de control de las cooperativas, el cual fue desatendido, ya que una funcionaria me indicó que la ATM no tenía nada que ver en la situación denunciada y que investige qué institución era la que debía responder.

Denuncié del caso a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), ya que el documento falsificado pertenecía a esa institución de control; pero cuál fue mi sorpresa que obtuve como respuesta que a ellos no les correspondía atender aquello, sino que debía denunciarlo en la Fiscalía. ¿Cómo yo podía hacerlo si el documento falsificado es de la citada entidad de control? Le doy la razón al lector al que días pasados Diario EL UNIVERSO le publicó una carta (jueves 2 de febrero de 2023, ‘¿Funcionarios públicos funcionan para público?’) en la que manifestaba la pobreza de la preparación de ciertos funcionarios de la SEPS que no saben resolver las consultas que los usuarios les realizan (https://eluniverso.arcpublishing.com/pf/preview/QVMUOCL2UJGWXIZUZF4S4UD34Y/?_website=el-universo&published=false&_ignoreCache=true).

Definitivamente estos señores se hacen solo de la ‘vista gorda’ ante denuncias de corrupción. (O)

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Luis Antonio Jiménez Reyes, Guayaquil