Al parecer en la selección de funcionarios públicos ha vuelto a primar la palancocracia. Me ha tocado ver la pobre preparación académica de ciertos funcionarios públicos de la Superintendencia que regula la Economía Popular y Solidaria.

Dicha institución emitió el 19 de diciembre de 2022 una resolución que reformaba una anterior, la cual normaba la calificación de las personas que podían ejercer la actividad de auditores de los sectores financiero y no financiero de la Economía Popular y Solidaria; dicha resolución contiene disposiciones ambiguas que obstaculizarían a los profesionales en ofrecer servicios de auditoría para este sector. En la reforma han resuelto que la vigencia de la calificación de auditor es de 6 años desde la fecha de su expedición, ¿es decir que todas aquellas que fueron expedidas desde el año 2013 cuando fue creada la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ya no están vigentes y ninguno de los profesionales que fuimos calificados en aquella época ya no podemos ejercer como auditores, y por tanto no hay control sobre las organizaciones de la economía popular y solidaria como son las cooperativas y asociaciones? Piden certificados que acrediten experiencia de al menos 3 años en funciones de auditoría y dichos certificados no deben superar los 5 años anteriores a la fecha de la nueva solicitud de calificación, ¿acaso la Superintendencia no tiene un registro de los auditores que ha calificado? A pesar de que los auditores tenemos título profesional exigen certificados de capacitación de 40 horas. Escribí a la Superintendencia que me aclare dudas sobre las reformas y me contestaron que me remita a los textos de las resoluciones relacionadas con el tema. ¡Qué pobreza de preparación de funcionarios!, incapaces de redactar la norma que emiten y de absolver consultas que les realizan. (O)

Luis Vizuete Santos, ingeniero comercial, Guayaquil