La administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, incumple la sentencia expedida por el Tribunal distrital de lo Contencioso Administrativo en Guayaquil, en el juicio n.° 09801-2011 0082 en contra de la Universidad de Guayaquil, por concepto de la diferencia en los aportes y fondos de reserva a favor de sus docentes, durante el lapso de los años 2000 al 2010; no obstante, la sentencia expedida el 28 de febrero de 2018 se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley.

Un grupo de docentes activos y jubilados solicitaron que se elaboren los títulos de crédito y aplique la jurisdicción coactiva en contra de dicha universidad, ya han transcurrido varios meses, pero los funcionarios del Seguro Social dicen que faltan resoluciones, cuando la sentencia fue ejecutoriada hace cuatro años. Igualmente la Corte Constitucional, en sentencia n.° 16–18–IN–21 del 28 de abril y notificada el 4 de mayo, declaró inconstitucional la Resolución n.° 554 del 4 de agosto de 2017, del Consejo Directivo del IESS, por ser regresiva en derechos y porque viola el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social. El Consejo Directivo del IESS, mediante Resolución n.° 641 del 29 de octubre de 2021 aceptó la sentencia de la Corte Constitucional, y en la circular n.° IESS–SDNGD–2022–0016-C, en atención al memorando de fecha 8 de diciembre de 2021, en el que un vocal del Consejo Directivo del IESS en representación de los empleadores, solicitó al director general, el cumplimiento inmediato de lo resuelto en las sentencias en firme y ejecutoriadas, y que se informe dentro de los plazos determinados en cada una de estas a los jueces constitucionales. Si el Consejo Directivo del IESS aprobó que se respeten las sentencias en firmes y ejecutoriadas, si el Gobierno anunció que pagó al IESS $ 700 millones por concepto del 40 % correspondiente al fondo de pensiones y otros rubros, ¿qué le impide al IESS pagarnos a los jubilados? (O)

Jorge Ortega Tapia, abogado, docente jubilado, Guayaquil