La Universidad de Guayaquil no paga a muchos de sus jubilados por el lapso de 12 años los haberes de la jubilación.

El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, está en la obligación de ordenar a la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) o al CES (Consejo de Educación Superior) que hagan cumplir lo ordenado constitucionalmente.

El tesoro de la administración pública somos los docentes, así lo proclama el 13 de abril, Día del Maestro, pero esto y nuestros derechos constitucionales y laborales al parecer son una farsa.

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A nivel nacional somos 500 jubilados, y de nuestra universidad somos 150 con derechos conculcados.

Tendremos que acudir a instituciones internacionales como la OEA y ONU y que a través de sus departamentos de Derechos Humanos castiguen a los responsables en Ecuador, que vulneran los derechos de los profesores ancianos.

Un cambio radical proclamamos los docentes, que se eliminen entonces Caces (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y Senescyt, que parecería son enemigos de los docentes, y se funde el Ministerio de Educación Superior, como existe en todo el mundo. (O)

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Abel Molina Orellana, máster en Diplomacia, exdocente jubilado, Guayaquil