Parecería que el sistema judicial de nuestro país es un problema crónico. En el escenario público porque siempre se lo ha utilizado para judicializar la política persiguiendo a los rivales o para tomar retaliaciones contra quienes atentan contra ciertos intereses; pero lo grave es que en el ámbito privado se producen situaciones que perjudican a las partes, especialmente en materia de menores de edad, quienes son los que más necesitan del amparo judicial, como el caso de juicios de alimentos.

Ciertos casos de juicios de alimentos no son despachados oportunamente, pasan hasta tres años sin que menores reciban ninguna asistencia y juzgados los llevan en ‘cámara lenta’, pese a que se han cumplido todos los pasos procesales, en especial el de la citación por la prensa; pero presentar quejas o denuncias ante el CJ sería para que el trámite se dilate más aún, o recusar al juez podría alterar el estado del proceso; y los llamados requerimientos ahora exigen claves o códigos innecesarios en lugar de hacerlos directamente como antes. En conclusión tanto el sistema judicial, como el Consejo de la Judicatura (CJ) están debiendo agilidad y oportunidad al ciudadano, contrariando lo dispuesto en los artículos 17 y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, retrocediendo así al pasado de discrecionalidad judicial, que creímos superado. (O)

María Anunzziata Llerena Naranjo, Guayaquil