Causa indignación la ligereza con que la mayoría del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social (CPCCS), posesionado de urgencia por la Asamblea disuelta para cumplir propósitos que se están revelando sin escrúpulos, aceptó y tramitó la denuncia de una organización social, al proceso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General, después de cuatro años de su realización, y a pocos meses de finalizar su gestión.

Desde el 2019, a pesar de múltiples limitaciones como su independencia administrativa, la Fiscalía General ha realizado investigaciones de importantes casos de corrupción en los que están supuestamente involucradas ciertas autoridades que ejercieron desde el 2007; como resultado, unos pocos funcionarios están privados de la libertad, otros han sido beneficiados por inaceptables recursos, están prófugos o en proceso de investigación o juzgamiento.

Muchos ciudadanos que queremos el respeto a las leyes, que la acusación fiscal sea realizada sobre la base de evidencias recopiladas aplicando el debido proceso, consideramos que la fiscal general merece nuestro respaldo. Es evidente que existe otro grupo de ciudadanos que forman parte de denominadas organizaciones sociales o que prestan sus servicios a entidades públicas de las que lamentablemente no se excluye a la academia, y pretenden que no haya investigaciones objetivas o se deje de sancionar a los culpables de hechos de corrupción que sean comprobados. Promover estas actuaciones debe ser sancionado de acuerdo con las leyes. Ojalá pronto se reforme la actual Constitución de la República para eliminar al CPCCS, revisar el proceso electoral y se impulse una efectiva normativa para la recuperación de los recursos robados por corruptos. (O)

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Mario Andrade Trujillo, Quito