Algunas personas vendieron sus motos, pero no registraron el cambio de propietario, motos que las autoridades retiraron de las manos de sus actuales dueños tal vez por alguna contravención, habían quedado detenidas en los canchones de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil durante algunos años. Decomisos que no fueron comunicados inmediatamente a los propietarios originales quienes están siendo notificados con coactivas que superan el 500 por ciento del valor original, por supuesta guardianía.

Si la ATM hubiera notificado oportunamente a los dueños originales, se hubieran preocupado con regularizar la situación. Pero cobrar miles de dólares por depósitos, a estas alturas luego de cinco o más años botadas las motos a la intemperie en un canchón, ya encontrándose en estado inservibles, es un atropello contra la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad garantizados en la Constitución del Ecuador.

La Defensoría del Pueblo debe tomar nota, proteger a la ciudadanía de abusos. No podemos desconocer situaciones que lamentablemente no son casos aislados y no son poco comunes, sino algo que se viene teniendo como ‘costumbre’ para los más vulnerados. (O)

Publicidad

Jesús Andrés Andrade Pinto, abogado, Guayaquil