Esta es una de tantas propuestas técnicas que he formulado desde el 2007, para que nuestro país planifique y ejecute una lucha efectiva contra la corrupción, a través de su prevención, investigación y sanción.

La prevención se logra con el control interno en cada entidad, cuya responsabilidad recae en los presidentes de los poderes del Estado y de las máximas autoridades de todas las entidades públicas. El control interno incluye la ética; la gestión de los riesgos con énfasis en los procesos con mayor exposición a errores e irregularidades como la contratación pública, la recaudación de ingresos, la gestión del talento humano; la transparencia con información accesible y de calidad, para que facilite el control en línea y la auditoría social; y la evaluación continua de la efectividad de los controles establecidos. La investigación que debe ser efectuada por auditores y fiscales con valores éticos y altas competencias profesionales, quienes deben contar con recursos tecnológicos que les permitan recopilar evidencias dentro y fuera del país, de manera ágil y oportuna, y recibir apoyo internacional especializado que complemente sus capacidades. Para que lo anterior funcione, es indispensable que las instituciones se fortalezcan, principalmente la Contraloría General del Estado, por los hechos de bochornosa corrupción de sus máximas autoridades. La aplicación de sanciones mediante sentencias fundamentadas en derecho para que los culpables paguen sus delitos y el Estado recupere los recursos públicos robados por malos servidores públicos, contratistas y otros. Si la impunidad subsiste como hasta hoy y se permite que atracadores sigan gozando de los recursos robados, no habrá forma de luchar de manera efectiva contra la corrupción. La administración de justicia requiere jueces con capacidad probada y valores éticos. (O)

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Mario Gustavo Andrade Trujillo, Quito