Es inconcebible que tanto autoridades locales y nacionales permitan que en sus narices los transportistas violen de forma flagrante la ley.

Cuando se desempeñaba como gobernador de Guayas don Guillermo Lasso hizo popular la frase “la ley es la ley”; hoy como presidente de la República se la recordamos. El artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la paralización de los servicios públicos, es una clara violación a los derechos ciudadanos, por lo cual se puede ser privado de la libertad de 1 a 3 años.

Ya se cumplió un mes de la paralización del transporte urbano en Guayaquil, el servicio opera solo con la mitad de sus buses, las consecuencias las paga el pueblo llano. En las actuales circunstancias de crisis económica, producto de la pandemia y de los malos manejos de la economía de quienes han gobernado el Ecuador durante décadas, es imposible que se exija un incremento de 10 centavos a la tarifa existente, conociendo el mal servicio que prestan los buses por vetustez, desaseo, inseguridad, etc., de las unidades, el trato despótico a los usuarios y porque en plena pandemia de COVID recorren las unidades repletas de personas sin respetar distanciamiento social, bioseguridad.

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Decir, los choferes, que han trabajado siempre a pérdida nadie les cree. En el 2016, que se realizó la consulta popular cuyas preguntas fueron calificadas por la Corte Constitucional, para reconocer 5 centavos de incremento de los pasajes, los transportistas debían adquirir nuevas unidades o mejorarlas; dieron su palabra y la incumplieron, maquillaron la mayoría de buses, no respetaron la ley de la tercera edad que garantiza el cobro de medio pasaje, como también para los niños y jóvenes, no cumplieron. Evitemos más caos, paralizaciones el 2022. Es hora de equidad, el pueblo no aguanta el peso de impuestos ni paros. (O)

Édison Gelacio Mora Mora, Guayaquil