Es un absurdo que nuestro Código Penal trate suavemente a los infractores de la ley. Así viene sucediendo con delincuentes, asesinos, traficantes de drogas, que son menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años. De dichas falencias se aprovechan los mentalizadores de asaltos, sicariatos, asesinatos, violaciones, secuestros, etc.; personas que demuestran al incurrir en delitos horrendos que jamás se corregirán.

Son varios delitos en los cuales los ejecutores fueron contratados por ser menores de edad. El del fiscal Édgar Escobar asesinado el 19 de septiembre en el centro de Guayaquil; el del periodista Gerardo Delgado ejecutado en Montecristi, Manabí, el 10 de agosto; el crimen del presentador de televisión Efraín Ruales, el 27 de enero en el norte de Guayaquil, etc. Los delincuentes menores de edad merecen penas similares a las de un adulto asesino, pero deben ser aislados en cárceles diferentes hasta que cumplan la mayoría de edad y trasladarlos adonde están los reos mayores. Urge incorporar en la consulta popular el endurecimiento de las penas por hechos repugnantes.

Los defensores de los delincuentes contumaces deben ser motivo de análisis en sus finanzas, y también los fiscales. Como contraparte, reforzar las protecciones policiales a los defensores de la justicia que tienen a cargo asuntos de narcotráfico, asesinatos... El Gobierno no priva de armas y herramientas tecnológicas a los presos, ya que desde las cárceles se contrata a los sicarios. Hay que acabar con la alcahuetería de los grilletes y la vigilancia policial en el hogar. ¿En qué quedó la prohibición de viajar dos personas en una moto? Es risible que delincuentes queden libres con la sola obligación de presentarse periódicamente a la fiscalía. El presidente no cumple su promesa de campaña, de eliminar la tabla de consumo de drogas. (O)

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Jorge William Tigrero Quimí, economista, Guayaquil