La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la presunta deportación ilegal de niños, crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte encargada de juzgar a personas por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. De momento, se une a la lista de jefes de Estado perseguidos por el cometimiento de crímenes internacionales como Milošević, Taylor, Al-Bashir, Gbagbo, Kenyatta y Bagosora.

Para la justicia internacional, esto constituye un paso gigantesco: es la primera vez que se ordena detener a un jefe de Estado, aún en funciones, de una de las cinco potencias mundiales con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay razones para creer que están en camino nuevas órdenes de arresto respecto a ataques deliberados contra la infraestructura civil en Ucrania, pero la fiscalía ha optado por perseguir primero el caso de deportación, pues es relativamente sencillo, ya que las autoridades rusas se han referido públicamente a su campaña para ‘rescatar’ a los menores en zonas ocupadas en Ucrania y ponerlos en ‘adopción’ en Rusia, configurando el crimen referido. La Corte tiene un camino cuesta arriba. Primero, deberá hacer valer su competencia: Rusia no es miembro de la Corte, retiró su firma tras anexionarse Crimea; Ucrania tampoco, pero ha reconocido su jurisdicción para investigar crímenes que se están cometiendo en su territorio; esto permitiría a la Corte enjuiciar a personas, independientemente de su nacionalidad. El principal desafío para la Corte radica en la detención de Putin. El Estatuto de Roma impide celebrar juicios en ausencia del acusado. De momento, si Putin viaja a uno de los 123 Estados miembros de la Corte, se arriesgaría a ser detenido, ya que el Estatuto obliga a sus miembros a cooperar plenamente, incluyendo el cumplimiento de órdenes de arresto. Está por verse si alguno se anima a hacer lo propio. Más allá del desafío descrito, la orden contra él constituye un hito en la internalización del respeto al Derecho Internacional y un paso trascendental en la lucha contra la impunidad, en el conflicto ruso–ucraniano y, en general, de quienes pretenden escudarse detrás del poder. (O)

René José Betancourt Cuadrado, abogado, Quito