Ya es frecuente enterarnos cada semana del fallecimiento de personas, de las cuales el Estado tiene responsabilidad por no impedirlo, cuando está obligado a hacerlo y garantizar la vida de los ecuatorianos, incluidos los que están presos, y responder por daños civiles y morales en los siguientes casos:

Primero, viajar por las vías Cuenca–Molleturo, Baños–Puyo, que están bajo responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), es como jugar a la ruleta rusa, uno va rogando que no haya un deslave. Este tipo de desgracia no se puede calificar como caso fortuito, hay responsables, el Estado y sus funcionarios, en este caso el MTOP y la Secretaría de Riesgo, encargados del mantenimiento, cuidado y prevención de accidentes (vemos que fallecen personas). El segundo problema más grave son las matanzas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil; la última ocurrió hace dos fines de semana. Policías y familiares de los detenidos se encontraban en el exterior de la cárcel y no se tomó medida urgente para evitar pérdidas de vidas: 68 muertos y 25 heridos, entre ellos personas que se encontraban privadas de su libertad con medida cautelar sin sentencia, que de acuerdo con nuestra Constitución son consideradas inocentes. Las estadísticas son 333 muertos de lo que va del año. El inocente, al igual que el delincuente por muy peligroso que sea, es un ser humano; cuando son privados de su libertad deben gozar de garantías constitucionales que el Estado está obligado a brindarles en un centro de reclusión, siendo la principal la seguridad humana, agregamos comida sana, educación, atención médica y evitar hacinamiento. En los dos casos, el Estado responde en la vía judicial civil por la responsabilidad extracontractual, por falta o deficiencia de dar un servicio público eficiente en forma directa o por concesión. Los familiares de los fallecidos tienen derecho a presentar demanda civil reclamando daño patrimonial en el término legal. ¿Si el señor presidente no puede solucionar el problema carcelario podrá con los problemas del país? (O)

Miguel Arturo Bayona Triviño, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil