Quejarnos de que ciertos operadores de justicia son ineficientes, por decir lo menos, es machacar sobre lo mismo sin obtener resultado. Es un mal que no se resolverá pronto, pues seguramente será necesaria una consulta popular para hacer cambios que lo corrijan, y claro, esperar una depuración voluntaria de este sistema y sus problemas de fondo será una utopía. Pero esta realidad que nos aqueja a la comunidad entera quizá pueda ser tocada por nuestras propias gestiones y aquí propongo una de las acciones que se podrían tomar.

Día a día nos causa escozor escuchar los dictámenes de ciertos jueces que dejan en libertad a delincuentes contumaces y asesinos, mientras que castigan con gran dureza a los policías que ejercen la fuerza para proveer de seguridad a la población. Visto que las otras instituciones del Estado no pueden intervenir en el sistema de justicia, pregunto si no es momento de formar un gran frente ciudadano auspiciado económicamente por empresas y personas preocupadas, para implementar un bufete particular de abogados, deslindado del Estado, a través de una fundación por la justicia y seguridad ciudadana, para que audite e intervengan sus voces en los casos necesarios que detecten que pese a su flagrancia se pretenda dejar libre a un delincuente, y así prevenir que estos vuelvan a las calles a seguir delinquiendo y matando por algún ‘descuido’ de nuestros proveedores de justicia. El fin primordial del hipotético bufete de abogados de esta fundación sería atender y asistir a quien lo solicite, evaluando si existiera posible vulneración de la justicia natural (concepto que al parecer desconocen algunos jueces y fiscales), para que estos dictámenes que nos causan indignación sean detenidos a tiempo. Redundaría en mayor control a los malos operadores de justicia y evitar injusticias e impunidades. (O)

Kerwin Díaz López, Guayaquil